La producción boliviana se alista para la prueba ambiental de la UE

Unos más que otros, los productores de madera, café y cacao de Bolivia se preparan para cumplir los nuevos requisitos establecidos por la Unión Europea (UE) para luchar contra la deforestación importada y para reducir su impacto ambiental en los bosques, más aún cuando la norma dispone que no podrán ingresar a ese mercado productos que provengan de zonas deforestadas luego de 2020.

El 29 de junio pasado entró en vigencia el reglamento 2023/1115 del Parlamento Europeo, el cual prohíbe el ingreso a los 27 países del bloque de productos provenientes de la deforestación y degradación forestal. El veto, sin embargo, será aplicable para las grandes empresas el 30 de diciembre de 2024 y para las pequeñas y medianas desde junio de 2025.

La norma se enfoca en principio en el cacao, el café, la madera, el caucho, el aceite de palma, la soya, la carne de res y en sus derivados (cuero, chocolate, muebles y otros), productos que más agravan la tala de árboles.

“Esta nueva normativa va a tener un impacto significativo en las exportaciones no solo bolivianas, sino de toda la región, en particular de los países productores de materias primas”, afirma el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco.

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, califica la medida como “preocupante”, no solo porque la exigencia de demostrar la “no deforestación” será retroactiva y contará a partir del 1 de enero del 2021, si no porque “la lista de productos con tal restricción podrá ser revisada y ampliada a otros bienes a más tardar el 30 de junio de 2025”.

Las exportaciones a la eurozona sumaron el año pasado $us 1.008 millones y representan el 7,3% del total de las ventas bolivianas al mundo, un 10% si no se incluye al gas natural. Los bolivianos envían a ese bloque 252 tipos de productos, entre los que destacan maderas, café, torta de soya y derivados, cueros de bovinos, quinua, frijoles, chía, minerales y alcohol etílico, de acuerdo con un informe del IBCE basado en datos del Instituto Nacional de Estadística.

“En el caso de Bolivia, se ha identificado que esta normativa podría tener alguna afectación en las exportaciones a Europa de café, cacao, madera y algunos derivados”, precisó Blanco.

El informe del IBCE detalla que el año pasado 42 tipos de productos bolivianos ya se podían incluir en la nueva regulación, productos que representan un valor de $us 41,63 millones. En este grupo están maderas, aserrines, tableros, muebles, puertas, ventanas, cafés y torta, harina y residuos de aceite de soya, entre otros.

“Ya hay una decisión tomada que nos puede afectar y lo aconsejable es prepararse frente a este nuevo escenario”, sostiene Rodríguez.

Jorge Ávila, presidente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), subraya que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) tendrá un rol fundamental en la obtención de certificaciones que avalen que no hubo deforestación en la producción de madera o en la obtención de productos agropecuarios.

Ávila, representante de uno de los sectores más avanzados en materia de trazabilidad, precisó que desde 1997 los asociados a la CFB aplican un sistema de manejo de bosques probado no solo por el Gobierno sino también por organismos internacionales.

El modelo forestal comienza con la obtención de una autorización de la ABT para aprovechar un área de bosque de vocación productiva. En esa zona se realiza un inventario de los árboles existentes y se la divide, como ejemplo, en 20 partes, para un ciclo de trabajo de 20 años.

Solo de opera en una de esas partes por año, donde se cortan las especies que tengan un diámetro mínimo permitido por norma y que hayan llegado al fin de su ciclo reproductivo. Las otras 19 partes no se tocan y se regeneran naturalmente. “El promedio de aprovechamiento por hectárea es de tres a cuatro árboles, por eso no se habla de deforestación”, subrayó Ávila.

El empresario explicó, además, que al sacar un árbol de un bosque tropical -que es muy tupido- se abre un espacio que permite que otros nuevos árboles que morían antes de desarrollarse puedan alcanzar la madurez. “Ya hemos cumplido el ciclo en varios lugares y el resultado preliminar en el área uno es una biodiversidad rebosante y un incremento de madera de entre 10 y 12%”, apuntó.

Los árboles listos para la tala son georreferenciados uno por uno e identificados con una plaqueta, donde se incluyen datos como la especie, altura y diámetro.
Esta información se entrega en formato digital a la ABT, que tras revisarla autoriza el aprovechamiento. Las troncas así obtenidas se llevan al sitio de acopio, que también es fiscalizado por la entidad reguladora, para después llevarlas hasta un aserradero, donde se pone un código a cada tabla.

“No nos asusta el reglamento. Toda nuestra producción está enmarcada en la sustentabilidad (…). El sistema de trazabilidad de la ABT llega incluso hasta el producto final”, destacó el presidente de la CFB.

Aprovechamiento

Pero otros sectores también registran avances en la materia.
“Como cafetaleros hemos analizado este tema y se está trabajando en la trazabilidad para presentarla a las certificadoras”, indica Hugo Chinchero, presidente de la Coordinadora Nacional de Comercio Justo.

El dirigente destaca que preparan los documentos para demostrar que ya no producen café en zonas deforestadas. “Lo que estamos haciendo ahora sembrar nuevas variedades de café en parcelas que ya han cumplido su ciclo de producción (entre 7 a 10 años). También estamos trabajando en la plantación de especies forestales que se adaptan con el café”, precisa.

Elías Coarite, dirigente de la Asociación Montaña Verde, coincide en que el cultivo bajo la sombra de árboles es una práctica que se extiende y que agrega mayor valor a la producción orgánica y de calidad del sector. “Nosotros no practicamos el chaqueo, tenemos una buena convivencia con la naturaleza”, subraya el productor.

De acuerdo con Chinchero, las cooperativas que son parte de Comercio Justo, coordinadora que opera en Caranavi, la mayor zona cafetalera de Bolivia, cuentan con tres certificaciones internacionales que avalan no solo la calidad y el origen orgánico del grano, si no que respaldan que en esta producción no se talan árboles.

Eso sí, una de las certificadoras ya les anticipó que este mes el control que hacen será “un poco más riguroso”. “Nos van a pedir más papeles que justifiquen que esa parcela no ha sido talada”, cuenta el representante.
Chinchero, ingeniero agrónomo de profesión, cree que la mayoría de las familias exportadoras que no están afiliadas una cooperativa o asociación no tienen conocimiento de esta nueva regulación europea, por lo que pueden seguir cortando árboles, lo que podría causar problemas a todo el sector.

El viceministro Blanco considera que los impactos para Bolivia del reglamento 2023/1115 de la UE tienen que ver principalmente con el incremento en los costos de exportación.

Por un lado, la nueva norma obliga a los importadores europeos a demostrar que lo que importan es libre de deforestación, a través de mecanismos como la trazabilidad de la mercancía en toda su cadena productiva, lo que implica sistemas de geolocalización y seguimiento de proveedores.

“Esto conlleva algunos costos operativos y administrativos (...) que probablemente sean trasladados directamente a los exportadores (bolivianos o de otros países). La mayor afectación podría verse, sobre todo, en los pequeños y medianos exportadores, que tienen menos capacidad” para cubrir estos gastos adicionales, explicó Blanco. 

Los exportadores pyme, asimismo, puede enfrentar mayores dificultades debido a los nuevos costos que implica también cumplir con las regulaciones de la Unión Europea.

“Existen nuevos procedimientos que van a tener que cumplir para poder demostrar la diligencia debida y la trazabilidad de sus productos. Existe también la necesidad de una inversión para que nuestros productores se adapten a los requisitos impuestos por la Unión Europea y para eso hace falta tecnología para poder rastrear los productos al lado de toda la cadena de suministros”, sostiene.

Respecto al incremento de costos, Chinchero cree que es necesario “empezar a pagar los platos rotos”. “Los mayores destructores del planeta somos nosotros, los seres humanos. Entonces, este tipo de normas son buenas, porque nos ayudan a no destruir los bosques y a adecuarnos al cambio climático, por nuestros hijos, porque queremos que puedan respirar un aire limpio”, expresa.

Ávila cree que el reglamento no solo es “ muy positivo para el planeta”, si no “una gran oportunidad” para la producción boliviana. “Estamos seguros de que esta norma le va a abrir mayores posibilidades al país”, recalca.

La Unión Europea es “un mercado gigantesco por aprovechar, con reglas que se van haciendo más rígidas -es cierto-, pero que cumpliéndolas puede transformar la preocupación en satisfacción”, afirma Rodríguez.

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