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Bolivia deberá pagar $us 822 millones este año por el servicio de deuda externa que se detalla en $us 454,9 millones por capital y $us 367,1 millones por intereses. 

Mientras que en las gestiones de 2017, 2018 y 2019 el pago a los acreedores externos fue de $us 581 millones, $us 692 millones y $us 786 millones; respectivamente, según un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) que se basa en los datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

De acuerdo con los criterios del BCB, el actual valor de capital más intereses por los préstamos recibidos, en relación con las exportaciones que realiza el país, representa un 7,7%, que es un nivel inferior en relación al límite del 15% establecido en el marco de sostenibilidad de deuda del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que refleja, según el ente emisor, una amplia liquidez para el cumplimiento del pago de la deuda.

Este incremento del servicio de la deuda externa está relacionado directamente al aumento del valor de los préstamos externos que tiene el país, principalmente con los organismos multilaterales y con distintas naciones (bilaterales). Así, hasta mayo de esta gestión, último dato oficial del BCB, la deuda global externa de Bolivia se situó en los $us 11.294 millones, lo que representa un 28,4% del Producto Interno Bruto (PIB), un porcentaje inferior establecido por el BM y el FMI que determinan como límite un 40%.

Mientras que en 2017 la deuda foránea total fue de $us 7.267 millones, en 2018 subió a los $us 9.428 millones y en la gestión pasada se volvió a incrementar y llegó a los $us 10.177 millones.

Una vez planteado lo que se debe pagar al exterior, Javier Gómez, director ejecutivo del Cedla, en la presentación del trabajo Deuda externa pública, crisis el Covid-19 y financiamiento público, hace notar que diversos informes de organismos internacionales dan cuenta de que la combinación de shocks externos, contracción de la oferta y demanda de las economías conducirán, en distintas proporciones, a una contracción de la actividad económica.

Por lo que en 2020 se prevé que en el mundo el crecimiento del PIB alcance el -3% y que en el caso de América del Sur, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecte un decrecimiento del -5%, un porcentaje que para la institución, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), generará unos 30 millones más de personas pobres. 

¿Qué hacer en este contexto?
Juan Luis Espada, investigador del Cedla, plantea la suspensión del servicio de deuda externa pública en 2020. Esto liberaría $us 822 millones de recursos públicos para coadyuvar en las políticas de respuesta a los efectos económicos y sociales del Covid-19.

Espada subrayó que los acreedores del Club de París han expresado estar de acuerdo con la suspensión coordinada del servicio de deuda para países más pobres; esta declaración, desde la perspectiva de Espada, abre la puerta para ampliar esta moratoria a más países. Asimismo, el reconocimiento de que la crisis actual no tiene precedentes y que se anticipa la peor recesión desde la Gran Depresión, configura un escenario para iniciar un diálogo sobre la condonación de deuda externa pública con organismos multilaterales, bilateral y privados.

En cuanto al BM y el FMI, considera que están llamando a todos los acreedores bilaterales oficiales a suspender los pagos de la deuda de los países de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), que soliciten periodo de gracia. Esto ayudará a los países de la AIF, por lo general son los de menor desarrollo y con necesidades de liquidez inmediata, a hacer frente a los retos que plantea el estallido del coronavirus y dará tiempo para evaluar el impacto de la crisis y las necesidades de financiamiento de cada país.

En el caso de Bolivia, Espada puntualizó que esta opción significaría suspender el pago de $us 82,3 millones, cifra que a su criterio es insuficiente en el actual contexto, a tiempo de resaltar que de este monto, $us 71 millones corresponden a China, principal acreedor bilateral que tiene el país.

El servicio de deuda más importante corresponde a la deuda con los organismos multilaterales; en 2020 se proyecta pagar $us 636 millones por ese concepto. En ese sentido, resulta pertinente aprovechar las sugerencias expresadas por miembros del BM y del FM para demandar la suspensión de pagos a los organismos multilaterales”, precisó Espada.

Para Germán Molina, analista económico, al suscribir cada contrato de crédito externo que es aprobado por la Asamblea Legislativa, el Estado debe cumplir con las condiciones establecidas por los acreedores; sin embargo, considera que, cuando la economía está en crisis se puede solicitar a los organismos multilaterales y bilaterales una renegociación del estado de la deuda externa solicitando una reprogramación de pagos según la capacidad de pago y disponibilidad oportuna de moneda extranjera. Además, condicionado a la implementación de políticas económicas de ajuste y reformas estructurales destinadas a reestablecer los equilibrios económicos para lograr un crecimiento económico sostenible y sustentable.

Similar criterio tuvo el economista Napoleón Pacheco, que remarcó que en la actual coyuntura económica se debe apostar por negociar, por lo menos, una disminución del 50% del servicio de crédito por tres años, suponiendo que el efecto de la pandemia en Bolivia continuará hasta 2021 y que los volúmenes y precios de los productos de exportación bajen significativamente, en especial los correspondientes al gas natural.

Cautos ante la situación
Desde el Ministerio de Planificación del Desarrollo consideran que la opción del diferimiento es un tema a tratar a mediano y largo plazo por lo que se lo debe ver con mucha responsabilidad y desde una perspectiva técnica.

Branko Marinkovic, ministro de Planificación del Desarrollo, sostuvo que no cumplir con las obligaciones contraídas con los organismos internacionales sería entrar en default, e hizo notar que esta situación se debe a que el MAS; desde una perspectiva política, hizo declarar al país de ingresos medio a medio alto ante los acreedores internacionales y esa situación , a criterio de la autoridad, inhabilita al país para pedir una condonación.

A su vez, Jaime Dunn, experto en finanzas, indicó que el pago de la deuda se hace de acuerdo con cronogramas que tienen diferentes vencimientos como los bonos internacionales ($us 2.000 millones) que son cupones que se abonan semestralmente.

Dijo que existen condiciones especiales en los contratos de préstamo y en las emisiones de bonos internacionales como son las Cláusulas de Acción Colectiva, que permiten la renegociación de deuda siempre que la mayoría de los inversionistas en una asamblea especialmente convocada estén de acuerdo. “Bolivia está lejos de tener que recurrir a esas maniobras. Es cierto que la deuda del país subió, pero no solo está dentro de los umbrales aceptables, sino que respecto de diciembre 2019 a junio de 2020 subió en menos de $us 200 millones”, sostuvo Dunn.