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El Gobierno comunicó este miércoles la decisión de iniciar un proceso contra el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, y el exdirector de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), Rolando S., por desviar recursos de un crédito venezolano para la compra de medios de comunicación.

Ayer se conocieron datos de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras del Estado, que establece que el gobierno de Venezuela  prestó al Estado boliviano, entre 2008 y 2009, la suma de 16,1 millones de dólares a través del programa ‘Evo Cumple’, recursos que fueron derivados a cuentas privadas para adquirir ATB y La Razón-Extra.

El ministro Yerko Núñez informó que la denuncia cursa por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

“Había un cartel de la mentira, pero era este, conformado de forma dolosa (…) Cómo es posible que recursos públicos, de los bolivianos, pasen a manos privadas para la manipulación de la información”, afirmó el titular de la Presidencia.

El informe de la UIF indica que 4,5 millones de dólares fueron enviados a España para la compra de La Razón-Extra y otros 10,02 millones de dólares fueron enviados a cuentas en EEUU, para adquirir ATB. El reporte menciona a los empresarios Marcelo Hurtado y Carlos Gill.

“Estamos evaluando nuevas acciones, queremos actuar en el marco de la ley, cumpliendo el protocolo para que la población conozca las transferencias”, acotó el ministro, sin dar detalles sobre lo que sucederá con ambos medios.