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Esto es como la legalización de los autos chutos”, dijo Alcides Vadillo, director regional de Fundación Tierra, sobre la propuesta de ley de suelos impulsada por el Viceministerio de Tierras.

Para él, permitirá legalizar lo que ha venido haciendo mal, como la distribución de tierras sin pasar por la Comisión Agraria Departamental; la dotación de tierra forestal para uso agrícola, que violenta el Plan de Uso del Suelo (PLUS), de parte del INRA; la otorgación de permisos de desmonte desde la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosque y Tierra (ABT).

Hay una serie de ilegalidades que pueden traer responsabilidades a las autoridades, por eso quieren la ley, para legalizar lo ilegal”, apuntó.

Vadillo cree que no es rara una ley de suelos, pero que esta, en particular, tiene una visión centralista porque busca arrastrar las competencias departamentales al nivel central. Asimismo, cuestionó que, en sus disposiciones transitorias, termina derogando toda disposición contraria.

“Se establecen posibles sanciones y condiciones al sistema bancario para dar créditos a proyectos agrícolas, supeditados a esta Ley de suelos, pero no se condiciona al INRA, ni a la ABT para dar derecho de propiedad o autorizaciones de desmonte según esta ley”, indicó Vadillo.

Proceso de socialización

Otra de las observaciones es la forma en que se introdujo la norma, “sin un proceso de socialización”.

Vadillo dijo que Santa Cruz tiene un PLUS que se generó tras dos años de consensos entre sectores diversos y que un ajuste debe pasar por el mismo proceso.

“Sin embargo, esta norma viene desde arriba y sin un nivel de socialización”, dijo.

De parte de la Gobernación, Luis Alberto Alpire, secretario de Desarrollo Productivo, reconoció que el documento llegó “de rebote”, y que a pesar de eso se conformó una comisión técnica con el Colegio de Agrónomos, sector agroindustrial, asambleístas nacionales y departamentales, que en reunión concluyeron cinco observaciones que fueron remitidas a través de la Sociedad Boliviana de la Ciencia del Suelo.

Del mismo modo, el gobernador saliente, Rubén Costas, envió una carta al viceministro de Tierras solicitando la propuesta de manera formal, como parte de la coordinación necesaria entre ambos niveles de Gobierno, y recordando las competencias exclusivas de la instancia departamental.

Alpire cree que hay razones para preocuparse con esta propuesta de ley, porque de la forma en que se ha planteado tiene un objetivo ‘reversionista’, que invade competencias con inclinación a revertir tierras con fines políticos, y no atiende la degradación del suelo.

“El objetivo de abrir este análisis tiene que ver con que la nueva administración tome la posta y con el riesgo de que sea directamente aprobada en la Asamblea Legislativa”, explicó.

Fernando Asturizaga, asesor del directorio de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), parte de la comisión que analiza la propuesta, también manifestó la preocupación del sector al que representa.

Según él, la propuesta es inconstitucional al pretender normar el uso del suelo en todos los departamentos y municipios del país e invadir las competencias.

La experta jurídica en planificación de la gestión pública, Fabiola Porcel, explicó que la propuesta pretende asignar unas competencias a las entidades autónomas territoriales que la Constitución Política del Estado ya les asignó y que un proyecto de esta naturaleza no tiene sentido si no se cuenta previamente con una ley de ordenamiento territorial, que hoy no existe, y que debería ser elaborada y aprobada previamente a este proyecto de Ley de uso de suelos.

Otra inquietud de Asturizaga es que se está estableciendo, a través de esta normativa y su posible reglamentación, la definición de las áreas de producción estratégica en toda Bolivia, sin establecer bajo qué criterios. “Ellos van a definir dónde se produce, qué se produce y cómo se produce, cosa que debería ser definida por gobernaciones y municipios”, aclaró.

Asturizaga apunta a un tercer criterio que plantea una suerte de sanciones al productor que no hace un uso adecuado del suelo.

No es casual que el Viceministerio de Tierras encabece la gestión de la propuesta, tiene un afán de continuar con una segunda parte del saneamiento. Ley de Reconducción Comunitaria dice que toda tierra revertida que se convierte en fiscal tiene que pasar de manera exclusiva a pueblos indígenas y comunidades campesinas de interculturales”, dijo.

Enfatizó que ya Santa Cruz tiene un PLUS y al Gobierno, esencialmente al Ministerio de Tierras y al INRA no les interesa cumplirlo. Mencionó como evidencia que cuando hicieron la distribución de las tierras, no solicitaron la participación de la Comisión Agraria Departamental, cuya cabeza es la Gobernación.

El trasfondo

Para Asturizaga, está claro quién controla la tierra en Bolivia en este momento. “El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras corresponde a los interculturales”, aludió.

De acuerdo a los argumentos jurídicos de Porcel, el proponente o proyectista es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que tiene competencias para promover el manejo sostenible y mitigar los efectos de erosión.

“Sin embargo, el titular de la atribución referente a las políticas de planificación de uso de suelos es el Ministerio de Planificación del Desarrollo, a través del Viceministerio de Planificación y Coordinación, que tiene una Dirección General de Planificación Territorial específica que debería encargarse de proyectar este tipo de normas”, informó.

Le causa sorpresa que desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras se pretenda crear una Dirección General de Suelos, y que se pretenda atribuirle la naturaleza de “autoridad nacional competente” de la política general de uso de suelos, cuando eso es atribución de otro ministerio.

Vadillo tiene entendido que el Ministerio de Medio Ambiente es de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), y el de Tierras es de los Interculturales.

Dijo que dentro del Ministerio de Medio Ambiente ya se ve lo que pasa con las áreas protegidas (AP). “Es un Gobierno que no tiene voluntad, no le da la gana de proteger las AP, y ahora viene a sacar una ley de uso de suelos para recuperar y reglamentar el uso. Esto cae por su propio peso. La visión intercultural es de un capitalismo sin reglas y está tomando niveles de poder muy fuertes”, dijo.

Según él, los discursos solo son de exportación y los indígenas amazónicos solo son elementos folclóricos y decorativos para el Gobierno. “No cuentan en el voto porque son poquitos, ni en la economía, ni se van a pelear por Evo Morales o por el MAS. Cada vez estarán peor”, auguró.

Reconoció que se prioriza a los interculturales, término que cuestionó como un invento. “En un momento en que la política del Gobierno hablaba de descolonizar el país, no podía ser que unos de sus sectores básicos de poder sean colonizadores”, aseveró.

El titular regional de Fundación Tierra dice que se está ampliando capital bajo el concepto de frontera agrícola, se está generando una economía mayor, que involucra el control de territorios y poblaciones.

Para ciertos sectores -dijo Vadillo- hoy la tierra solo es mercancía, y la última distribución solo muestra que accede a ella quien tiene la llave del poder y que por eso existe ahora mucha presión hacia territorios indígenas, reservas forestales y algunas AP. “La tierra fiscal ‘disponible entre comillas’ es cada vez menor”, dijo.

En 2019, el INRA presentó un informe de rendición de cuentas. Detalló que, de 27,7 millones de hectáreas que corresponden a tierras fiscales, 23,1 corresponden a reservas forestales y proyectos estratégicos que no se pueden dotar, mientras que de los restantes 4,6 millones sí. A septiembre de 2019, cuatro millones ya fueron dotadas y tituladas y 525.000 hectáreas aún se encontraban en proceso de titulación.

Interculturales y campesinos afines al MAS son dueños de 24,8 millones de hectáreas de tierras, entre los dos sectores poseen el 28% de la tierra saneada, más que el sector empresarial, con 15%.





INRA y ABT

Además del Viceministerio de Tierras, el Inra y la ABT fueron cuestionados por los diversos sectores por su falta de institucionalidad.

Óscar Balderas, diputado por Comunidad Ciudadana y miembro de la Comisión de pueblos indígenas de la Asamblea Plurinacional, lamentó que en toda su historia el INRA solo hubiera tenido un director institucionalizado, cosa que ocurrió hace más de 20 años. Cree que el trabajo técnico tiene bajo sustento técnico y alto nivel de politización de la demanda agraria.

A su parecer, el “ramillete” de actores agrarios y políticos departamentales, contrapuestos, pero con intereses comunes, provocaron que los problemas departamentales, a partir de la tenencia de la tierra y el desarrollo agrario, inviabilicen que las instancias competentes, como las Comisiones Agrarias Departamentales, puedan encontrar respuestas y vías de solución compartidas.

“Todo es manoseo político, por eso ocurre lo de Roboré. La gente se organiza para defenderse y es peligroso porque es la negación del Estado y puede derivar en violencia. El INRA debe transparentarse”, exhortó.

Sobre la ABT, dice que incurre en incumplimiento de deberes porque son responsables del cuidado de estas áreas y de que su uso sea solamente forestal, y que tiene la Ley Forestal y el PLUS por encima de la Ley 741, que autoriza desmontes en los PDM20.

Combo normativo

Vadillo mencionó la serie de normas aprobadas, entre ellas la abrogación de los decretos que permiten el uso de los transgénicos, y el decreto 4494, que según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras optimiza procedimientos de saneamiento; y los cupos para exportación de carne.

Sobre los transgénicos, cree la decisión no es política, y que más bien se trata de quitar todo lo que tenga que ver con Jeanine Añez.

Ve la decisión como una medida de presión para obligar otra vez, porque ya antes lo hicieron con Evo Morales, al sector agroindustrial de Santa Cruz a negociar directamente con quien detenta el poder. Cuestionó, además, que se rechacen los transgénicos, pero se los importe desde Argentina, a través de Emapa.





Un funcionario del INRA, que prefirió no identificarse, explicó que con el decreto ya no se decide en las regiones la distribución de la tierra, sino en gabinete y a control remoto, concentrando todo en el nivel central. Dijo que en la anterior gestión, de las dotaciones se fiscalizaron 40 comunidades en Pailón, de las cuales el 50% eran fantasmas.

EL DEBER pidió respuesta al Viceministerio de Tierras, pero dijeron que contestarían después; lo mismo en el caso del INRA departamental.



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