Comunidad Autonómica observa sobreprecios del 32% en la construcción del BRT y daño por Bs 25 millones
Los precios estarían inflados en el documento base de contratación. 13 empresas participaron en la ejecución de la obra. Piden que se profundice la auditoría
La bancada de Comunidad Autonómica (C-A) en el Concejo Municipal reclama una investigación profunda al BRT por parte de la Contraloría General del Estado y la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Juan Carlos Medrano, portavoz de C-A denuncia un sobreprecio millonario en la construcción de la vía exclusiva para el BRT en el primer anillo de la ciudad capital cruceña.
Medrano observa un "32% de sobreprecio en numerosos ítems, lo que supone cerca de Bs 25 millones que podrían ser destinados a la pandemia". La denuncia planteada refiere "recursos mal ejecutados" que afectan a las cuentas del municipio.
La investigación realizada por C-A destaca las irregularidades desde el documento base de contratación donde se evidencia un supuesto sobreprecio "desde el inicio, con valores que están muy por encima de los valores medios de mercado”. Ante esta observación, se plantea convocar a "quienes participaron de la elaboración del documento".
"Los precios de referencia se encuentran inflados", acota Medrano. Las 13 empresas que intervinieron en la obra recibieron un documento con los precios hinchados sobre el que actuaron.
"Son responsables todos los que aprobaron el documento base de contratación, desde los técnicos hasta la máxima autoridad ejecutiva", matiza el concejal de C-A. Y advierte al actual Ejecutivo para que se sume a las investigaciones y "no le escondamos información a Santa Cruz".
El concejal Medrano muestra un ejemplo de cómo se infló los precios en el informe de referencia y, en base al cual, se los mantuvo durante la ejecución. "La capa base estaba presupuestada en Bs 366 el metro cuadrado siendo que el precio en el mercado es de Bs 270", sostiene. Del mismo modo, asegura que son cientos de ítems que cuentan con alteraciones similares.
Como bancada fiscalizadora, piden a las autoridades que identifiquen y convoquen "a los funcionarios que hubiesen incurrido en esta serie de irregularidades y también a las empresas que se hayan prestado para este daño al municipio por unos 25 millones de bolivianos aproximadamente”.
"Pedimos al alcalde que se sume a este trabajo que estamos haciendo los concejales y terminemos de una vez la auditoria al BRT, demanda Medrano. También solicita la intervención de la Contraloría para "recuperar los fondos del municipio".
C-A exigirá al ejecutivo municipal cumpla con sus funciones y realice una auditoría para establecer las responsabilidades del hecho.
EL DEBER remitió una consulta a Rolando Ribera, secretario municipal de Movilidad Urbana durante la gestión de la ex alcaldesa Angélica Sosa. Hasta el momento, no ha recibido respuesta sobre las acusaciones planteadas con C-A.
Desde el Ejecutivo municipal, hasta el momento, no ha llegado ninguna solicitud de los legislativos para poder manifestarse sobre el particular.
