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Cuatro nuevos casos de Covid-19 se han detectado entre los marchistas indígenas que permanecen en las instalaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). Actualmente, ya son 18 indígenas los que se encuentran aislados y bajo la atención de personal médico de la universidad y de profesionales voluntarios que acuden en apoyo de la marcha.

"Evolucionan de forma normal y se espera que transcurran ocho días para darles el alta", explicó Abdón Justiniano, presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Beni (Cepib). El aislamiento en un pabellón destinado en exclusiva para los pacientes evita que el virus se propague entre los 300 marchistas que continúan en las instalaciones de la Uagrm.

El martes, el secretario de salud de la Alcaldía, Roberto Vargas, informó que 14 integrantes de la marcha indígena habían dado positivo para coronavirus a través de las pruebas de hisopado nasal y hoy se confirmaron otros 4 nuevos casos. Según Vargas, los contagiados se encuentran estables, bajo supervisión médica.

Sobre la reunión propiciada por el alcalde Jhonny Fernández y que sentó sobre una mesa al viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, y a los dirigentes de la marcha chiquitana, Justiniano cree que  responde a una "nueva estrategia del Gobierno".

Dijo que valora el acuerdo suscrito entre el Gobierno y los marchistas chiquitanos, pero insiste en que su sector se mantendrá firme con su postura de pedir el cumplimiento de la ley para frenar los avasallamientos a las tierras originarias. Son cerca de 90 días movilizados y todavía no han logrado establecer un diálogo con las autoridades nacionales.

"Se trata de un acuerdo con un grupo de indígenas que han vuelto a alinearse con sus políticas del MAS", dice Justiniano, líder indígena beniano. Detalla que el grupo dirigido por Franklin Moreno y Beatriz Tapanaché siempre estuvieron en la órbita del MAS, por lo que no es extraño este nuevo acercamiento.

Como responsable de la marcha indígena de tierras bajas que partió en agosto desde Trinidad (Beni), Justiniano reitera su apuesta "por el diálogo, siempre estamos a favor del diálogo, pero no negociamos la dignidad; pedimos que se actúe con la ley ante los avasallamientos".

Hace más de un mes que no hay un puente entre los marchistas que se alojan en las instalaciones de la UAGRM y el Gobierno. "No nos han tomado en cuenta; lastimosamente el que no acepta la línea política del Gobierno, es marginado", lamentó.



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