Plantean anular paquete de ocho leyes que permiten el control del Estado en la sociedad y las actividades económicas
Los opositores aseguran que emprenderán una campaña de información sobre el alcance de normativas observadas
El retiro del proyecto 218 fue celebrado como “una victoria” por las fuerzas políticas de oposición. Ahora, reclaman la anulación de ocho normativas que se aprobaron “sin debate” y están orientadas a ejercer un mayor control del Estado sobre la sociedad y todas las actividades económicas del país.
El senador Rodrigo Paz Pereira, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), explicó que además de la Ley de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, a la que calificó “la madre del engendro”, está la normativa que anula el registro privado de empresas, Fundempresa, la norma que “le da al Instituto Nacional de Estadística el monopolio centralista y abusivo de los datos oficiales”, la norma que centraliza las decisiones de la Policía en el Gobierno y la de los ascensos en las Fuerzas Armadas. “Con esas normativas, el Ejecutivo tiene más poder”.
“El Gobierno sabe usar sus tiempos para sorprender, muchos proyectos han aparecido sin que se hayan socializado”, afirmó el legislador, quien asegura que el ciudadano debe movilizarse para evitar que el Estado sea “más abusivo”.
“Se está generado miedo en las hermanas y hermanos gremialistas, microempresarios, transportistas. Esta irresponsabilidad de desinformar esperamos que no tenga grandes consecuencias”, indicó por su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, respecto a la decisión del Ejecutivo de retirar el polémico proyecto de ley 218.
Mamani aseguró que el Gobierno asumirá acciones para que el país no ingrese a las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). “Comprendemos, que detrás de toda esta desinformación estaba la derecha. Estos señores que representan o que eran del grupo de los golpistas, ahora está claro, piden que no exista persecución, este Gobierno no está haciendo ninguna persecución, lo único que nosotros estamos exigiendo al Órgano Judicial, es que cumpla como corresponde”, subrayó.
Para el politólogo Carlos Cordero, el MAS está en un momento en el que pretende “reproducir el poder” con miras a las elecciones de 2025. Afirmó que el retiro de la ley 218 implicó “un pequeño contratiempo con miras a ese plan”.
Según el experto, las leyes que buscan mayor control de la sociedad y de las actividades económicas del país están en el marco de un proyecto de poder hegemónico y autoritario.
El abogado Daniel Valverde, por su lado, señaló que en el país existe “una profunda desconfianza” en la justicia y es por esta razón “que leyes enmarcadas en el espíritu del control de lavado de activos generan resistencia”.
El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que una de las gestiones prioritarias del Gobierno, es precisamente, la reforma judicial.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) afirmó que de manera recurrente el sistema judicial boliviano aplica el delito de terrorismo para generar persecución política contra los adversarios.
El proyecto 218, en sus disposiciones complementarias, establecía ajustar el Código Penal para incorporar “la interrupción de un gobierno” como terrorismo.
