Escucha esta nota aquí

Se respetan las decisiones que han tomado los ministros, el barco continúa”, es la frase que repitió al menos tres veces este lunes por la tarde el titular de la Presidencia, Yerko Núñez, sobre la repentina salida de autoridades que provocó una crisis de Gabinete.

Tras la posesión de tres nuevos ministros, el colaborador cercano de la jefa de Estado, Jeanine Áñez, pidió que sean quienes dimitieron los que expliquen sus razones, recalcando que el Gobierno seguirá trabajando para concluir de la mejor manera este periodo de transición.

En menos de cuatro horas, tras que Óscar Ortiz fuera sacado de la cartera de Economía, abdicaron de forma irrevocable los titulares de Trabajo, Óscar Mercado, y de Desarrollo Productivo, Abel Martínez.

La presidenta tuvo que posesionar nuevos ministros para concluir este periodo de transición, velando los intereses de la salud y para reactivar la economía”, se limitó a reiterar el ministro Nuñez.

En el caso de Ortiz, su salida se produjo en medio de un choque con el titular de Gobierno, Arturo Murillo, por el caso Elfec, que consiste en la devolución de acciones de la empresa que fueron “nacionalizadas” en 2010 por el Gobierno del MAS. Justamente eso mismo provocó la destitución del procurador General del Estado, José María Cabrera.

Al respecto, Yerko Núñez aseguró que “se está trabajando en el tema legal” y garantizó que “no se hará nada que no corresponda”. Dijo que “los abogados, todo el equipo está trabajando para poder dar tranquilidad. No hay ningún problema”.

Las acciones antes le pertenecían a 360 trabajadores y 120 mil familias cochabambinas que adquirieron las acciones a través de Comteco. Sin embargo, voces apuntan a que esa devolución sería una suerte de “privatización” porque afectaría los intereses del Estado.

“Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad”, alertó esta jornada Cabrera en su cuenta en Twitter.

Como una forma de zanjar el asunto, el 22 de septiembre, Áñez y el Gabinete ministerial firmaron un decreto supremo instruyendo a ENDE para que en 30 días diga cuál es la situación financiera, administrativa, legal y técnica de Elfec. También se conformó una comisión interministerial para que supervise la determinación de la composición accionaria de Elfec, incluyendo ENDE.