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La Dirección General de Migración suspendió la alerta migratoria que pesaba sobre el expresidente del país, Evo Morales, por lo que está totalmente habilitado para cruzar las fronteras, sin ser aprehendido.

Así lo confirmó a EL DEBER el director general de Migración, Marcel Rivas, una vez que el Ministerio Público oficializó el levantamiento de aprehensión contra el exmandatario, a través de un requerimiento fiscal, que hace cumplir la anulación que hizo el juez primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Román Castro, a dicha orden e imputación, por el delito de terrorismo en el denominado “Caso Audio”. El argumento fue que, en el análisis de antecedentes, hubo "vulneración del derecho a la defensa".

“Una vez que esta instancia fiscal, operativamente levante la orden, de manera automática el sistema de Migración elimina la restricción migratoria. Es una cuestión de tecnicismo”, había explicado anteriormente Rivas.

En ese sentido, la comisión de fiscales de materia adscritos a la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios en ejercicio funcional de las investigaciones del caso denunciado donde está implicado Morales y otros, emitió el requerimiento a Migración, con la finalidad de dar cumplimiento al fallo constitucional de Acción de Libertad en el caso.

El aviso se basa en la Acción de Libertad en contra de la comisión de fiscales de materia y el Juez Décimo de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz, donde el Juez de garantías constitucionales (Román Castro), dispuso conceder la tutela, disponiendo la anulación de la ampliación de imputación formal del 6 de julio de 2020, en contra de Morales.

De la misma manera, dispuso la nulidad “hasta el vicio más antiguo” que abarca la orden de aprehensión y resolución fundamentada de aprehensión, por lo que “se deja sin efecto la alerta migratoria para el ciudadano Juan Evo Morales Ayma, disponiéndose que, por el personal que corresponda, se levante toda alerta migratoria fronteriza, terrestre, pluvial o aeroportuario y remitir un informe ante la Comisión de Fiscales, con la finalidad de no restringir derechos y garantías tal cual ha sido dispuesto por la autoridad de garantías constitucionales”.