Rómulo Calvo, presidente cívico cruceño, se reunió con el secretario general de la OEA. El ministro de Justicia considera que se adopta una “estrategia intolerante” que busca desconocer la voluntad de la población

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19 de junio de 2021, 13:44 PM
19 de junio de 2021, 13:44 PM

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, denunció este sábado que el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, desconoce la elección democrática que ungió como presidente constitucional de Bolivia a Luis Arce con el 55.1 por ciento de la votación al invocar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

“La solicitud de que se aplique la Carta Democrática Interamericana y se hable de una guerra es parte de una estrategia intolerante que no respeta el voto del pueblo”, señaló la autoridad de Estado a través de su cuenta en Twitter.

Ayer el representante de esa instancia, Rómulo Calvo, sugirió en Washington, Estados Unidos (EEUU) invocar es compromiso “para evitar el luto” en Bolivia, alegando que el país se alejó de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“La Carta Democrática está en manos de todos los hermanos que presiden y son representantes de todos los países para evitar el luto, el dolor y la guerra en un país que sólo busca libertad y democracia”, sostuvo el dirigente cívico al término de la reunión con Luis Almagro, secretario de la OEA.

Sin embargo, desde el Gobierno expusieron que el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana establece que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo (…)”.

Además, el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana reconoce a los gobiernos de cada país, la facultad de recurrir al Secretario General de la OEA o al Consejo Permanente para solicitar “asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática” y no así a la dirigencia de comités cívicos departamentales o regionales, según el pronunciamiento del Gobierno.