La persecución judicial minera también llega a las autoridades indígenas
Se visibilizó con dos guardaparques del Madidi, pero en tierras altas, en varios ayllus denunciaron amenazas a la integridad física, muerte de sus animales y también procesos judiciales a todos los que se opongan a la actividad minera. Hace poco expusieron sus casos ante la relatora de la CIDH
“En Bolivia, ser defensor ambiental debería considerarse como un ‘deporte’ extremo y de alto riesgo”, ironizó Daniela Justiniano, de Alas Chiquitanas, sobre la persecución judicial a la que fueron sometidos hace poco los guardaparques Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz.
Los dos funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) fueron demandados por Ramiro Cuevas, cooperativista minero, cuando este intentó ingresar a la zona de protección del Parque Nacional Madidi. Cuevas tiene un historial de procesos administrativos en el Sernap.
El caso fue mediático, pero esta judicialización de la defensa ambiental no es un caso aislado, también alcanza, aunque de manera más silenciosa, a las autoridades indígenas de tierras altas que se oponen a la minería en sus territorios, pero sobre todo a la contaminación de sus fuentes de agua.
Es lo que sucede en el Ayllu Cala Cala, en Potosí, donde unas siete personas, según el curaca Antonio Copa, están procesadas por cortar un camino “ilegal”, a través del que ingresarían a trabajar los equipos de la Cooperativa Molle Pata.
Según Copa, esto afectaría a los ojos de agua y el río que sostiene al ganado, los cultivos y las plantas medicinales.
“Estamos defendiendo el líquido vital y por eso somos procesados, hasta en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en la departamental, nos han amenazado con cuatro a ocho años de cárcel, nos procesan para asustarnos”, dijo.
El curaca explicó que se turnan con los otros lugareños para vigilar ese camino, y que esta labor se hace más dura en tiempo de lluvia.
Apuntó a que esta incursión minera tiene apoyo de otras comunidades que se dedican a eso y también de la Gobernación de Potosí, porque hay un aporte de la minería por patentes, “por eso tienen fuerza. Nos dicen que nosotros no aportamos nada, pero nosotros como originarios defendemos nuestra cuenca”, recalcó.
Ya en 2022, reflejan publicaciones, Jacobo Copa, anterior curaca del Ayllu Cala Cala, denunció que en 2021 fue secuestrado durante 18 horas y torturado por rechazar que se hiciera la consulta sobre minería a autoridades ajenas a su territorio.
En esa oportunidad, el conflicto era con la cooperativa minera Huarimarca. Jacobo Copa presentó su caso a la instancia judicial de Uyuni, el juez cautelar Adhemar Cabañero, pero dijo que el magistrado se “lavó las manos” y derivó la denuncia a la justicia indígena, que como máxima sanción impondría que los litigantes se den la mano.
La senadora Corina Ferreira hizo una Petición de Informe Escrita (PIE) sobre este ayllu, y la AJAM confirmó que existían concesiones, 25 cuadrículas, a la Cooperativa Molle Pata, cuyo representante legal es Gonzalo Aviza, ex dirigente de la comunidad Coroma, que en 2021 ya demandaba caminos, y también lamentaba los efectos de la sequía.
En febrero de este año, los pobladores de Cala Cala denunciaron que el camino estaba siendo utilizado por cazadores furtivos de vicuñas, que dejaron a una docena de estos ejemplares -en vías de extinción- degollados y trasquilados.
Demandaron la presencia de policías y autoridades para evitar más hechos delictivos, toda vez que la vicuña tiene una ley de protección.
Otro caso tiene que ver con el Ayllu Acre de Antequera, en Oruro, donde a los dirigentes les inició proceso la empresa minera Illapa, filial de la transnacional Glencore, luego de que denunciaran la desertificación y contaminación de la tierra y las aguas de este ayllu.
En julio del año pasado, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) advirtió que los defensores ambientales del Ayllu Acre Antequera sufrían amenazas constantes, sobre todo Hernán Roque Flores, Bertha Ayala y Beatriz Bautista, esta última abogada de la Asociación Qhana Pukara Kurmi.
“El año pasado hasta le metieron fuego a Acre de Antequera para intimidar y desalojar a los pobladores de una vigilia pacífica, y eso no ha sido muy visibilizado. Cada autoridad de tierras altas tiene entre tres y cinco procesos judiciales”, denunció Ruth Alípaz, de la Contiocap, y agregó a la lista de amenazados a las autoridades de la zona del río Pilcomayo. “Hay un ataque muy fuerte de las mineras”, indicó.
Según Alípaz, en Acre de Antequera, el año pasado los defensores ambientales de ese ayllu querían hacer un encuentro en favor de la Pachamama, y sus detractores sacaron un comunicado, “prácticamente convocando a lincharlos. Nosotros hemos denunciado eso ante la Defensoría del Pueblo para que se evite la violencia”, dijo, y admitió que la Contiocap también está siendo presionada.
Hernán Roque explicó que la judicialización empezó cuando intentaron inspeccionar el interior de la mina, y los tipificaron en la figura de avasallamiento de la propiedad minera.
Los defensores ambientales dicen que ven cómo las aguas van desapareciendo, mientras la minería avanza.
Precisamente, el viernes 5 de abril, dirigentes de la zona denunciaron que mineros del Sindicato Avicaya agredieron a mujeres de Totoral Chico, una comunidad de Acre de Antequera, mientras estas protestaban contra la minería en sus zonas de pastoreo y aprovisionamiento de agua.
La Contiocap se pronunció al respecto, y exigió a las autoridades escuchar a las víctimas y tomar acciones urgentes para evitar mayor violencia.
También demandó la revisión de constitucionalidad de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, “que provoca estas invasiones a territorios indígenas originarias campesinas y áreas protegidas, como el Madidi, al eximir a los mineros de realizar la consulta previa y privilegiarlos con supuestos derechos preconstituidos”, publicó.
Otro ayllu afectado por la minería es San Agustín de Puñacas, y aunque los dirigentes no han sido procesados, tampoco reciben solución a su demanda de agua sana.
El 7 de septiembre del año pasado, en coordinación con el Centro de Salud Poopó, la ONG Cenda y el Laboratorio Cetox, de Perú, tomaron muestras de sangre y orina a 20 lugareños.
El 100% de las muestras presentó concentraciones de arsénico, que oscilan entre 17,6 y 215,64 µg/L (microgramo por litro), valores muy superiores al límite referido por la Unión Europea (UE), que es de 15 µg/L.
EL DEBER y otros medios se trasladaron hasta Oruro el año pasado, para una reunión de la dirigencia de Puñacas con representantes del Inlasa, Ministerio de Salud, y Ministerio de Tierras. A pesar de las promesas, hasta la fecha no hay reversión del daño, confirmaron desde la zona, solo dotación de forraje.
Otro conflicto por actividad minera es el de la comunidad de Jupichaque, nación chicha, en Potosí.
En septiembre de 2023, la Empresa Cruz Arce Limitada Empresa minera (Calem) interpuso demanda contra las autoridades originarias, cuando estas exigían ejercer su jurisdicción para la protección de recursos como el agua.
En esa época, a través de manifiestos públicos, los habitantes de Jupichaque exigieron el retiro de la demanda interpuesta por Calem, en contra las autoridades originarias, “que estaban cumpliendo con su función de ejercer justicia en su jurisdicción”.
También denunciaron a la AJAM, que aseguró que sus funcionarios fueron retenidos, por distorsionar la verdad para victimizarse ante la opinión pública, “defender a las empresas mineras y criminalizar a los pueblos indígenas que protegen sus territorios”.
Ante la CIDH
En el Encuentro por el Derecho al Agua y Salud frente a Impactos Mineros, realizado hace poco por el Día mundial del agua (22 de marzo), varias comunidades de Potosí y Oruro, con pruebas de laboratorio, confirmaron la presencia de metales pesados en la sangre de sus habitantes.
En el evento, los presentes elaboraron una carta que fue leída ante una representante de la relatoría para los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que acusan al Estado boliviano de no asumir medidas ante la evidencia de la contaminación a estos pueblos indígenas.
Entre las conclusiones, las comunidades afectadas propusieron la creación de una alianza para exigir la restitución de sus derechos constitucionales.
Asimismo, ante la falta de un Estado que garantice estos derechos, vieron necesario activar mecanismos de denuncia internacional, como la CIDH.
Derechos pre constituidos
El 21 de marzo de este año, dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas De Bolivia (Fecmabol); Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) y Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) se apersonaron en el Sernap, para exigir una reunión con el director, Johnson Jiménez.
Ante la falta de respuesta de Jiménez, los dirigentes mineros lamentaron que nadie los atendiera, pero también dejaron claro que, “según ordenamiento del presidente Luis Arce”, el tema a tratar eran las áreas preconstituidas.
Al día siguiente, a través de un comunicado el Sernap reafirmó su compromiso con la lucha contra la minería ilegal dentro de áreas protegidas, pero abrió la puerta a los que supuestamente tengan derechos previos (pre constituidos) a la creación de cada área protegida.
En noviembre del año pasado, Erick Aríñez, director de la AJAM, admitió la existencia de más de cien solicitudes de explotación minera en áreas protegidas del país: las más asediadas son el Parque Madidi, el más biodiverso del mundo, y Apolobamba. En esa fecha aseguró que ninguna sería aceptada.
Sin embargo, en la misma línea que el Sernap, aclaró que se deben diferenciar los contratos con derechos pre constituidos antes de la nueva Constitución Política del Estado y de la nueva Ley de Minería.
“Estos casos que se encuentran en áreas protegidas deben pasar por un proceso de revisión y adecuación para determinar si continúan o son revertidos”, dijo Aríñez.
Desde la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) cuestionaron que el Sernap no refleje en acciones concretas lo que dicen sus comunicados. “Van como dos comunicados similares, pero las cooperativas siguen avanzando en campo”, denunciaron.
Ante las alusiones en este reportaje, EL DEBER pidió la contraparte a la AJAM, al gobernador de Potosí, Marco Copa, y al Viceministerio de Comunicación, pero no hubo respuesta sobre las denuncias de judicialización de la lucha, o acciones por el Acuerdo de Escazú.
PARA SABER
ACUERDO DE ESCAZÚ
Bolivia es uno de los países que suscribió el Acuerdo de Escazú, que entre varios puntos garantiza la protección de los defensores ambientales
ÁREAS PROTEGIDAS
El nuevo reglamento interno de acciones contra la explotación ilegal de recursos minerales, aprobado
por la AJAM, suprime los operativos en contra de la minería ilegal y los reduce a trámites burocráticos.
Además, la senadora de CC, Cecilia Requena, expresó preocupación por la aprobación de contratos mineros en Diputados, y que fueron derivados al Senado.
