La CIDH ve vacíos en el acceso a la información y violencia contra los periodistas en Bolivia

La falta de un marco legislativo que garantice y reglamente el derecho al acceso de la información y los hechos de violencia que afectan a los trabajadores de la prensa figuran en el más reciente reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ‘Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia’, que analiza la situación de los derechos humanos en el país.

El trabajo de los medios de comunicación y periodistas del país forma parte del acápite “libertad de expresión”, precisamente en referencia a una de las libertades contempladas en la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José.

Es más, el reporte hizo notar que existen disposiciones que cierran la posibilidad de que los comunicadores accedan a información que debería ser pública. “La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia denunció que el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Servicio de Registro Único (Sereci) habrían adoptado normas administrativas que impiden acceso a datos de funcionarios públicos en ejercicio, lo que consideraron una restricción contraria derecho de acceso a la información”, señala.

Además, el informe de la CIDH remarcó que la información que manejan estas dos instituciones “no es abierta al público”, según el Estado, “por protección al derecho a la privacidad”. Sin embargo, ante una solicitud de la autoridad administrativa o judicial competente, dichas oficinas tienen la obligación de proporcionar la información solicitada.

“El derecho a la libertad de expresión posee una relación intrínseca con la democracia, además el derecho al acceso a la información también se vincula directamente con el deber de suministrar activamente información accesible, completa, oportuna y actualizada, de manera a contribuir con el debate público”, se lee en el informe.

Por lo tanto, la CIDH “ordenó” que el Estado adopte medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole para fortalecer el marco normativo de acceso a la información en casos de presuntas violaciones a los derechos humanos. “La Comisión resalta especialmente que Bolivia no cuenta con información sobre la existencia de marcos legislativos que reglamenten el derecho de acceso a la información, por ejemplo, en el Poder Legislativo o junto de autoridades y órganos judiciales”.

Con relación a los hechos de violencia, el informe manifestó que en los últimos tres años el Estado boliviano “emprendió acciones de protección y garantía a las labores de la prensa”, pero las organizaciones de la prensa, asociaciones, sindicatos y medios de comunicación a su vez han denunciado que la violencia contra la prensa persiste.

“Dicha violencia, si bien comúnmente no ha presentado hechos de letalidad, sigue marcada por agresiones físicas y verbales, actos de hostigamiento, amenazas, despojo de equipos o pertenencias, abuso en el uso de la fuerza; invasión y destrucción de sedes de medios. Estos hechos son, en ocasiones, propiciados por discursos estigmatizantes por parte de liderazgos públicos. Ello, sumado a la impunidad, envía un mensaje de que la violencia contra la prensa es tolerada, aceptable o justificada”, aseguró el documento que fue presentado por el organismo internacional, sobre la base de información recopilada durante la visita In loco que cumplieron el año pasado al país.

El informe destacó que los hechos violentos tienen como dos lapsos diferentes, el primero es entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, y el segundo es entre el 22 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023.

“En esas dos coyunturas se repitieron patrones caracterizados por denuncias de uso excesivo de la fuerza policial, y de los actos de violencia atribuibles a agentes particulares en contra de periodistas”, apunta el análisis del organismo internacional.

El disparo de cartuchos de gas lacrimógeno “directamente en contra de la prensa”, fue una práctica “recurrentemente” reportada; al igual que el disparo de perdigones. Sumado a esto, prosiguió el informe, existen denuncias que reflejan un elevado número de ataques por parte de agentes y grupos de particulares, “que por medio de amenazas, hostigamientos, agresiones físicas y verbales —incluyendo insultos racistas— obstaculizan la labor periodística y generan efectos de miedo y autocensura. Eso, incitado por discursos estigmatizantes desde vocerías con responsabilidades públicas que buscan desacreditar y descalificar líneas editoriales y labor realizada”, apostilló la CIDH.

Por todo esto, el organismo internacional apremió al Estado boliviano a que adopte un discurso público que contribuya a prevenir a la deliberación pública y a la prevención de la violencia contra los trabajadores de la prensa. El Gobierno, que garantizó el ejercicio periodístico en varias ocasiones, recibió el reporte con la promesa de cumplir todas sus recomendaciones.

En tanto, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, manifestó que el informe “reclama que se promueva una cultura de respeto” hacia la actividad periodística. Esto porque la CIDH “tiene clara la idea” de que en Bolivia se viene de un largo periodo en el cual desde el Gobierno nacional se han realizado una serie de acciones, no solo de atropello a la libertad de prensa, sino también a la estigmatización del trabajo periodístico y puso como ejemplo la campaña denominada “El cartel de la mentira”, lanzada después de la derrota de Evo Morales en el referéndum en el cual buscaba la reelección.

“(El informe) deja varios desafíos como tarea que debe cumplir el Estado para garantizar la libertad de expresión. En lo que es la violencia y estigmatización contra la prensa, la comisión de la CIDH que vino en el año 2023 fue sorprendida en su buena fe por los informes estatales, porque en este último informe la CIDH asegura que el Estado habría emprendido acciones de protección y garantías a las labores de prensa, además de asistencia jurídica y psicológica a periodistas víctimas de violencia, algo que es totalmente falso”, sostuvo Alanes sobre el reporte.

En tanto, la presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Maggy Talavera, ve que el informe es “tibio” porque pareciera que no hay una capacidad de reflexión y análisis desde una manera más crítica. “Hizo falta un pronunciamiento más duro porque creo que es muy blando con el Gobierno nacional, que no es solamente el de los últimos tres años porque que deben tener como contexto que es el mismo Gobierno que ha estado gobernado los últimos 18 años”, dijo Talavera y agregó que hechos como el secuestro de periodistas, policías y personas particulares en Las Londras no están reflejados con la contundencia que lo amerita.

El periodista y abogado Roberto Méndez dijo este informe “confirma” la vulneración y atentado contra la integridad física y personal que de manera permanente han estado denunciando los periodistas. Y por esa razón se hace la solicitud al Gobierno para que se investigue.

“También se le dice al Gobierno que no debe alentar los discursos de odio (contra los medios y periodistas) y tampoco la judicialización del trabajo periodístico, vale decir las citaciones o el pedido de revelar sus fuentes informativas”, manifestó Méndez y, dentro de la misma línea de sus colegas, expresó que le hubiera gustado que la CIDH se hubiera pronunciado más enfáticamente sobre estos casos.