La Asamblea tratará el jueves decreto de amnistía que beneficiaba a masistas
La sesión fue citada por el vicepresidente David Choquehuanca a las 15:00 y su único punto es tratar el decreto que abroga otro, promulgado en la gestión de Arce, que beneficiaba a los oficialistas y fue criticado por el GIEI
El vicepresidente David Choquehuanca convocó a la Décima Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional que tendrá el objetivo de considerar el decreto presidencial 4571, para abrogar el 4461, que concede amnistía e indulto por razones humanitarias a perseguidos políticos, misma que fue cuestionada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) por beneficiar a militantes del MAS que fueron involucrados en hechos de violencia durante la crisis política que atravesó el país en 2019.
La sesión fue citada para el jueves 21 de octubre, el mismo día en el que en el país habrá una movilización de protesta en contra de la Ley de la Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas en el país, protagonizada por gremiales, transportistas, cívicos y otros sectores.
El decreto 4461 de 18 de febrero de 2021 concedía el beneficio de la amnistía a las personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de Áñez, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado, acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020.
El GIEI observó en su informe que, desde un punto de vista material, una amnistía o indulto puede interferir negativamente en la obtención de la verdad y la promoción de justicia. Consideró además que la aplicación del Decreto Supremo “puede reforzar la percepción de injerencia política del Gobierno en el desempeño de las funciones del Poder Judicial y de la Fiscalía”.
El presidente Luis Arce, durante un discurso, anunció que atendiendo la recomendación de la GIEI, se trataría la derogación del Decreto 4461 para establecer una comisión que avanzara en el censo de las víctimas y su reparación integral.
El GIEI concluyó que lo ocurrido durante la crisis política de 2019, “involucra la responsabilidad del Estado” en las graves violaciones de derechos humanos cometidos entre septiembre y diciembre de 2019, periodo en el que Evo Morales y Jeanine Áñez estaban al mando del país. Los hechos dejaron al menos 37 muertos.
