(VEA EL VIDEO) Lima presentó la causa contra los integrantes del Consejo de la Magistratura por incumplimiento de deberes. Dos tercios del Legislativo deben definir si son apartados o no de sus funciones

El Deber logo
27 de noviembre de 2020, 11:05 AM
27 de noviembre de 2020, 11:05 AM

El Gobierno nacional espera que el juicio de responsabilidades contra los integrantes del Consejo de la Magistratura se resuelva en un plazo no mayor a los 60 días y advierte con una nueva causa por las acefalías que persisten en la administración judicial.

Iván Lima, ministro del área, afirmó que este primer proceso es por incumplimiento de deberes, por la crisis generada en el sistema penal, recalcando que existe un sistema de excesiva burocracia que dilata la atención de causas.

“No nos han garantizado resultados efectivos para cumplir las metas que se han trazado. No han cumplido la ley, se les amplió el plazo dos veces para la designación de jueces, espero que den otras explicaciones y hagan su trabajo”, afirmó el titular en conferencia de prensa.

Detalló que una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) levantó un obstáculo para la realización de juicios de responsabilidades y solo resta que Diputados apruebe una norma modificatoria al procedimiento, que ya fue validada por el Senado.

“Se han levantado todos los obstáculos para que haya juicios, para que haya un debido proceso. El ministro ha presentado ya el proceso por incumplimiento de deberes, ese proceso debe llevarse con la respuesta de ellos y la Asamblea decidirá si los suspende o no por dos tercios de votos”, explicó.

Las declaraciones:


Respecto a la designación de los 140 jueces, el ministro reveló que al menos unos 60 de ellos ya están ejerciendo, razón por la que la medida no constituye un alivio en juzgados. “Necesitamos que la justicia funcione”, recalcó Lima, enfatizando que continuará con las causas hasta que el sistema penal no brinde resultados.

Actualmente la Magistratura está compuesta por Dolka Gómez, Gonzalo Alcón y Omar Michel, electos en 2017 por un periodo de seis años, quienes, de forma “inminente”, deberán afrontar el proceso al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).