El ministro de Gobierno sugirió que la tecnología de Inteligencia es avanzada y dijo que hay conversaciones telefónicas entre las personas que “incitaron al acto de corrupción”.

15 de abril de 2021, 16:56 PM
15 de abril de 2021, 16:56 PM

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reveló ayer que Inteligencia, con su avanzada tecnología, descubrió el caso de corrupción a su excolega de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, quien fue capturado tras recibir en El Prado (a pocas cuadras de la Plaza Murillo, centro de la ciudad de La Paz), $us 20.000 de un supuesto adelanto de una coima que alcanzaba los $us 380.000, por saneamiento del predio El triunfo II, en Santa Cruz. La autoridad afirmó que “como elementos de convicción” hay “conversaciones telefónicas entre las personas que incitaron al acto de corrupción”.

El titular de Gobierno señaló que “el equipo de Inteligencia del Gobierno, y la tecnología con la que cuenta es la capacidad suficiente que necesitamos para estar pendientes de todas las personas involucradas en este tipo de actos de corrupción que atentan contra la institucionalidad de nuestro país. Tampoco permitiremos que personas y grupos irregulares atenten contra los intereses del pueblo”, manifestó.

Mostró imágenes del momento en que el exministro Characayo recibió en El Prado paceño la suma de $us 20.000, luego los colocó en la mochila de su cómplice Híper García, ahora exdirector general de Desarrollo Rural. “Tenemos varios elementos de convicción, conversaciones telefónicas entre las personas que estarían incitando a la comisión de estos delitos, pero creemos que la cabeza de esta red de corrupción ha caído”.

El ministro Del Castillo sustentó con esa afirmación que el exministro era el cabecilla de esta supuesta red de corrupción. También sugirió de alguna manera que los integrantes de la investigación hubieran “intervenido” llamadas telefónicas.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima Magne, dijo que no comentaría la conferencia del Ministro de Gobierno, “le solicito que le consulten a él cualquier interpretación”.

Lima, sin embargo, recordó que no cree que existan registros de llamadas, “porque eso es contrario a la Constitución. Usted sabe que las conversaciones privadas no pueden ser objeto de grabación, hay un principio constitucional que lo prohíbe”, aseveró.

Cosa diferente, acotó, es el contenido de los celulares. El ministro de Justicia explicó que “una vez que se produce una acción directa, como la realizada el martes en la noche, los teléfonos móviles pasan a ser objeto de pericia, se constituyen en elemento material que ahora es objeto de desdoblamiento y  verificación por la investigación fiscal y policial”.

Pero, eso no implicaría en ningún caso acceder a conversaciones, “hay softwares que graban las llamadas, pero en este momento creo que el contenido se refiere más al Whatsapp. La mayor parte de las comunicaciones quedan registradas en esa aplicación”.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia ya es parte del proceso como cabeza de sector. En ese sentido Lima señaló que el proceso se sustenta en la declaración de dos personas, Daren Smith Flores, que era la encargada de hacer el trámite ante el INRA y el Ministerio Rural y Tierras, y también de Hormando Salvatierra Melgar, abogado que tramitaba la titulación para los propietarios del predio. “Ustedes, en Santa Cruz entienden que El Triunfo II no es una propiedad de mil metros cuadrados, tiene una inversión importante de capitales canadienses y de otros inversionistas. No es correcto que ellos, si no quieren ser parte de este proceso, deban participar. Nosotros, como Ministerio de Transparencia actuamos y damos la debida protección a las víctimas”, aseveró.

Relató que estas personas, junto a los exfuncionarios del Gobierno, es decir, Edwin Characayo e Híper García, “fueron conducidos a la Policía para aclarar la situación que se ha producido el martes por la noche en El Prado de La Paz”.

Fue una acción directa realizada por el Ministerio Público, tras una denuncia de los afectados de El Triunfo II. “En este caso, son actos irregulares en relación a esta propiedad de la zona agrícola de Santa Cruz, que tiene trabajos e inversiones realizadas en el sector. No es posible que ningún boliviano deba ser afectado por solicitudes extorsivas de malos funcionarios. El ministerio se constituye como denunciante y también lo hará como querellante. Vamos a seguir este juicio hasta las últimas consecuencias”.

El tema no es nuevo porque hubo una serie de denuncias que llegaron a los ministerios de Gobierno y de Justicia, así como a la Fiscalía, dijo el ministro Lima, en los que había temas que “no se estaban llevando de la manera correcta. En general, hay muchas denuncias de que las cosas no se hacen bien con la seguridad jurídica respecto a la tierra”, manifestó.

En todo caso, eso no implicará que por un rumor “tomemos medidas como la que se dio en las últimas horas. Smith y Salvatierra declararon que sufrieron la extorsión de los dos exfuncionarios de Gobierno y a partir de esas declaraciones que se dan en el marco penal, se inició esta situación”

Reiteró que “cualquier acto de corrupción, sea del MAS, de Creemos, de Comunidad Ciudadana o de cualquier partido político, por mandato de nuestro hermano presidente va a caer y será sancionado, no toleraremos la corrupción venga de donde venga”.

Descargo

A las 16:00 de ayer, aproximadamente, terminó de declarar el exministro de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, ante los fiscales. Al término de esa comparecencia, su abogado, César Rojas, dijo que su cliente sostiene que este caso fue armado porque la Policía encontró el dinero en manos del otro acusado y no de su cliente.

“Mi defendido considera que existe la posibilidad (que sea todo armado), precisamente porque la forma en que actuó la Policía, cómo lo han aprehendido, cómo supuestamente han surgido los hechos, no son coherentes con lo que realmente ha ocurrido”, sostuvo Rojas.

Según la defensa, el dinero ($us 20.000) fue encontrado en manos de Híper García Quecaña, exdirector de Tierras.

Por la noche, la Policía y la Fiscalía realizaban las requisas en los domicilios de los implicados, que en las siguientes horas pasarán a audiencia cautelar.

El exministro contaba con el aval de uno de los sectores duros del Movimiento Al Socialismo (MAS); los interculturales, que hasta aseguran que existe “una mano negra en su detención”. Pero las pruebas condenan al antiguo funcionario de rango medio del municipio de San Julián y después ministro, que fue detenido en flagrancia cuando recibía un soborno de $us 20.000.

Antes de llegar al Ministerio de Desarrollo Rural, Characayo fue jefe de Unidad Agropecuaria en San Julián, población cruceña reconocida como un bastión del partido de Gobierno. Como funcionario de esa comuna, tenía un sueldo de Bs 5.513. Ingresó a trabajar en ese municipio el 16 de enero de 2018 y se mantuvo en el cargo hasta diciembre de 2020 cuando asumió como ministro del área.

De profesión ingeniero agrónomo, fue postulado por los interculturales de San Julián para reemplazar a Wilson Cáceres (otro integrante de ese sector) que fue destituido por nepotismo.

Siempre que era abordado por los periodistas, Characayo se refería a sí mismo como persona de campo y gran conocedor de las necesidades del sector productivo. No obstante, nunca tuvo una relación buena con los productores agropecuarios de Santa Cruz, la región que genera el 70% de los alimentos que se consumen en Bolivia y también se exportan.

La relación con sectores afines al Gobierno fue buena, en especial con los interculturales, que lo llevaron hasta la principal cartera de Estado que atiende las necesidades del sector productivo. “Hemos confiado en él, y esperamos que nos responda con sinceridad. Son compañeros que conocemos y tal vez hubo una mano negra que le hizo pisar el palito”, sostuvo Óscar Castro, secretario ejecutivo de los Interculturales.