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Después de dos años, el Ministerio Público concluyó sus investigaciones y no logró probar la autoría de asesinato del teniente de policía, Daynor Sandóval en agosto de 2018, que pesa contra el dirigente cocalero Franclin Gutiérrez y otros compañeros suyos de los Yungas. La resolución conclusiva de la Comisión de fiscales, los acusa ahora, por los delitos de atentado contra la seguridad del transporte, atentado contra miembros de seguridad estatal e instigación pública a delinquir.

“La etapa investigativa concluyó con la acusación formal que ingresará a un juicio. Al principio del proceso, Gutiérrez y otros cocaleros fueron acusados de ser los autores del asesinato del uniformado. Pero ahora, no es por el ilícito de asesinato, sino por los otros tres casos”, señaló el abogado Eusebio Vera, defensor del imputado Miguel Ángel Narváez y exabogado de Gutiérrez.

En los próximos 10 días, un Juzgado de Sentencia va a sustanciar un juicio oral, público y contradictorio para resolver el caso. Gutiérrez estuvo detenido preventivamente en la cárcel, por más de un año.

El caso

El teniente Daynor Sandoval falleció el 24 de agosto de 2018, cerca del puente de San Antonio, en el municipio de La Asunta (La Paz), luego de una supuesta emboscada que recibió la Fuerza de Tarea Conjunta. El uniformado murió desangrado por la herida producto de una bala de arma de fuego.

El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa, los familiares de la víctima y la Policía Boliviana, iniciaron un proceso ante el Ministerio Público contra seis personas por el caso: Franclin Gutiérrez, Sergio Pampa, Wilmer Silva, Osvaldo Bautista, Santos Luna y Miguel Ángel Narváez.

El abogado Vera señaló que las investigaciones de la Comisión de fiscales, compuesta por Antonio Mamani, César Choquehuanca y Alex Vilela, no pudieron sustentar la acusación de asesinato ni lo van a poder sustentar a futuro porque se logró desvirtuar dichas acusaciones, por “demasiadas contradicciones”.

Contradicciones

Entre esos hechos están por ejemplo, la acusación que hacía el Ministerio de Gobierno, que el policía falleció por un disparo con arma de fuego, luego de una emboscada.

“Pero dentro del cuaderno de investigación, existe pericia que establece que la herida de bala tenía orificio de entrada y en ese orificio había 'ahumamiento'. Al existir 'ahumamiento', ese disparo se habría realizado a quemarropa. La distancia entre el victimador y la víctima no superaban 70 centímetros. De ese modo, desvirtuamos que fue emboscada, además que no se puede emboscar de abajo hacia arriba como denunciaban”, explicó a EL DEBER, el abogado Vera.

Otro elemento es que, dentro de las declaraciones de los querellantes, se señaló que en La Asunta, existía la presencia de ciudadanos peruanos y colombianos y que eran un foco de iniciación de una guerrilla.

“Sin embargo, en los dos años de investigación, no se estableció un solo nombre de ningún ciudadano peruano ni colombiano”, mencionó el jurista.

Por otro lado, también se apuntó a la existencia de trincheras en el lugar, pero la defensa de los acusados, no encontraron esas zanjas. También se acusó a los cocaleros de que tenían armas de fuego, pero en el transcurso de las investigaciones, no se colectó ni una.

“Todos estos elementos que dieron inicio a la investigación, la defensa lo desvirtuó durante el proceso. Por eso, nos sentimos complacidos que no hayan sido acusados por el delito de asesinato", dijo.

Preguntas que quedan

Sin apuntar a nadie en particular, Eusebio Vera señaló algunas preguntas que quedaron en el tintero del Ministerio Público.

Está, por ejemplo, que el primer médico que revisó el cuerpo de Daymor Sandoval, en la localidad de Palos Blancos, no vio la herida de arma de fuego, sino simples lesiones. Aparece la bala recién cuando el cuerpo llega a La Paz, al día siguiente.

“Ese fue uno de los elementos que me hacían tener la hipótesis de que ese disparo lo hizo alguien, en el transcurso de Palos Blancos a La ciudad de La Paz, un viaje de entre 7 a 8 horas”, finalizó.

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