El exministro Carlos Romero consideró que existe un escenario de polarización política que afecta el desarrollo agrícola del departamento de Santa Cruz, en un momento en el que los precios internacionales de los alimentos están en alza por efecto de la pandemia.

Romero fue ministro de Desarrollo Agrario, Gobierno y la Presidencia durante varias gestiones administrativas del gobierno de Evo Morales. Consideró, sobre la base se su experiencia, que las actuales tensiones vinculadas con la propiedad de la tierra no desembocarán en un conflicto mayor.

“Es muy difícil que ingresemos en un escenario de descontrol porque los actores involucrados en la problemática de la tierra no están en este conflicto. No son los comiteístas (miembros del Comité Pro-Santa Cruz), no son los funcionarios de la Gobernación los que están en el día a día del trabajo de la tierra. Es más, sospecho, que no conocen esa problemática agraria”, afirmó.

Asimismo, considera que esta polarización política perjudica al país y perjudica especialmente a Santa Cruz, que es el mayor productor de alimentos. "El departamento produce el 70% de los alimentos de Bolivia”, remarcó el exministro Romero en un contacto con El DEBER.

El balance fue planteado por la exautoridad en medio de las tensiones regionales.

La Gobernación de Santa Cruz convocó a la Comisión Agraria Departamental (CAD) con el propósito de asumir acciones frente a las denuncias de ocupaciones ilegales de tierras, especialmente en la Chiquitania, mientras que sindicatos de interculturales anunciaron la defensa de sus derechos.

“Creemos que la CAD es el lugar donde daremos solución a los avasallamientos (asentamientos ilegales) y evitaremos más enfrentamientos para no lamentar más muertes. Vamos a defender la tierra, para que los originarios no sean despojados”, señaló el secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, Fernando Menacho.

Pero la comisión no se pudo instalar porque autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) consideran que ésta debería reunir a todos los actores involucrados.

El viernes, varios activistas y funcionarios de la Gobernación decidieron levantar una vigilia en el INRA Santa Cruz para evitar enfrentamientos.

Desafíos

De acuerdo con datos del INRA, refrendados por Romero, “en la actualidad se ha saneado el 90% de la propiedad agraria en Bolivia y en Santa Cruz el promedio es exactamente el mismo”.

“Santa Cruz tiene una superficie de 37 millones de hectáreas y las tierras que constituyen objeto de saneamiento alcanzan a algo más de 35 millones, excluyendo las áreas urbanas y los cuerpos de agua. De estas 35 millones se han saneado aproximadamente 32 millones de hectáreas; de este total 15,8 millones representan tierras fiscales no disponibles; es decir, reservas protegidas, parques naturales y reservas naturales”, precisó.  

Según el INRA, hay casi 16 millones de hectáreas tituladas bajo diferentes modalidades. Destaca la propiedad empresarial, mediana y grande que tiene una titulación de 6,1 millones de hectáreas, las tierras comunitarias de origen con 5,2 millones de hectáreas, además de los fundos con 3,3 millones de hectáreas y comunitarias con 1,5 millones (interculturales).

“Se ha hablado que el MAS ha implementado procesos de dotación de tierras y ha promovido asentamientos humanos en la Chiquitania donde hay 20 millones de hectáreas y los nuevos asentamientos humanos son en 130.000 hectáreas. El porcentaje es relativamente bajo. Estamos hablando de menos del uno por ciento”, indicó el exministro.  

“Las familias beneficiarias son 60.000 de estas 130.000 familias en el corredor San José y Roboré. Esos son los nuevos asentamientos humanos promovidos en los gobiernos del MAS. Por eso, no advierto que hayan problemas en la estructura de tenencia de tierras; es decir, dos terceras partes están en poder de empresarios cruceños y el restante tercio de gente que ha nacido en Santa Cruz y es descendientes de migrantes”, apuntó.

Para Romero, es sano hablar de este tema, precisamente, porque la pandemia de coronavirus “está generando una crisis alimentaria”. La FAO ya había advertido que en 2022 se iba a dar la mayor crisis en la producción de alimentos.

"​Hay una serie de factores que se nos plantean como desafío. Orientaría el debate de la cuestión agraria, si se lo quiere hacer de manera proactiva y sana, a generar oportunidades para mejorar las exportaciones. El precio internacional de la soya está en $us 500 y eso es histórico", afirmó Romero. 

​