Personas en situación de calle: faltan estrategias de atención
Al menos 1.100 personas viven en la calle y están en una situación de abandono, tanto de parte del Estado (en todos sus estamentos) como de la sociedad y, muchas veces, de las familias de donde cada individuo proviene. Las rotondas están cada día más habitadas y es cada vez más frecuente ver que consumen droga y que eso a nadie conmueve.
El año 2018 se hizo un censo de personas en situación de calle en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Como resultado se dijo que en ese momento eran 1.043 personas. La contabilización se hizo en un esfuerzo interinstitucional que es digno de ser valorado. Se supo por ejemplo que un 82% correspondía a varones y un 18% a mujeres; que un 22% tenía menos de 18 años y que la tercera parte de ellos era menor de 12 años.
Las cifras frías no reflejan la vida de cada uno de esos seres humanos y lo que deben atravesar para sobrevivir. Por ejemplo, se conoció que tienen un inicio sexual desde la niñez, que sufren abusos físicos y sexuales con frecuencia, que también son maltratados y hasta extorsionados por policías o gendarmes.
Entre las personas en situación de calle hay quienes consumen drogas y alcohol. Lo dramático es que el inicio de está adicción está en menores de 10 o 12 años, que usan inhalantes; la segunda droga más consumida es la marihuana, seguida de la pasta base de cocaína y el clorhidrato de cocaína en menor proporción.
La Policía, en coordinación con la Alcaldía y la Gobernación hacen operativos periódicos en las llamadas zonas rojas donde viven estas personas. Los arrestan, botan sus pertenencias y después se van. No hay una acción real, porque parecen más ‘limpiezas’ esporádicas, que atención a una población creciente que clama por ayuda. Los centros de rehabilitación que existen son mayoritariamente de la sociedad civil y no del Estado. Tampoco hay presupuestos para desarrollar campañas de prevención del consumo de drogas. Es como si se tratara de seres invisibles, que no existen para las entidades llamadas a brindarles la asistencia necesaria.
El año 2018 se hizo un esfuerzo para censar a las personas en situación de calle, pero ese trabajo fue truncado porque no se ha sabido de acciones consecuentes. Ahora se pretende hacer un nuevo censo. Será importante para tener un diagnóstico, pero será una misión hueca, si no deriva en la reparación de situaciones dramáticas.
Se sabe que al menos un tercio de lo que ganan estas personas es destinado a la compra de estupefacientes. Y es porque estas sustancias están disponibles y hay quienes lucran con la adicción de niños, adolescentes y adultos. El Ministerio de Gobierno anuncia destrucción de pistas, hallazgo de cargamentos de droga de exportación, pero son pocas las noticias que llegan acerca de las acciones contra los microtraficantes, esos seres despreciables que lucran a costa del vicio de muchos.
Si hay más droga incautada es porque hay más tráfico dentro y fuera del país, lo que debería llamar la atención y ser un disparador de campañas de educación y de rehabilitación. Pero nada.
En el mundo hay una gran preocupación por el fentanilo, también conocido como la droga zombie por el estado en que deja a sus consumidores. Ya se hallaron paquetes en Bolivia y, si no hay acciones concretas y deliberadas, es altamente probable que esa sustancia penetre en el país causando mucho daño, especialmente a los jóvenes.
Es de esperar que el Estado: gobierno nacional, departamental y municipal reaccionen y trabajen para atacar este creciente problema.
