Investigación, no politización
Cuando apenas se comienzan a conocer los primeros detalles de un aparente caso de corrupción por los 800 ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz, una prematura politización del caso amenaza con distorsionar el esclarecimiento de los hechos por los anuncios de algunos actores políticos que, antes de conocerse mayores detalles y mucho menos conclusiones, buscan sacar provecho político.
El que marcó la línea de lo que seguramente de aquí en adelante será el discurso del Gobierno y del Movimiento Al Socialismo fue Evo Morales, quien dijo que los recursos de los 800 ítems fantasmas creados en la anterior gestión municipal en Santa Cruz presumiblemente han sido destinados “al golpe de Estado”, en referencia a su caída en noviembre de 2019 tras el fraude electoral del 20 de octubre de ese año.
El jefe del MAS demandó una “profunda investigación” del caso ítems fantasmas “hasta identificar a todos los responsables y establecer si ese dinero fue usado para financiar los 21 días de paro durante el golpe de Estado”.
Dicho esto, como ocurre en varios otros temas en los que Evo Morales señala la línea discursiva de sus seguidores, en su partido están convirtiendo un hecho de corrupción en una cuestión política. Repitiendo las palabras de su jefe, el diputado del MAS Juanito Angulo dijo: “No descartamos” que esos recursos hayan sido destinados al “golpe de Estado”. Y como él, lo están haciendo también otros.
Si hay una administración que ha ganado mucha experiencia en “sembrar” casos allí donde hay algún indicio de otro problema, es precisamente la administración de MAS en el Gobierno central. Por eso a nadie debiera extrañarle que el poder actual intente aprovechar un caso de corrupción, como parece que es el de los 800 ítems fantasmas, para enlodar a otras autoridades y líderes de la región en aquella hasta ahora infructuosa tarea de hacerle creer al país y al mundo que en Bolivia se produjo un golpe de Estado y no un fraude electoral el 2019.
Lo ha adelantado el jefe masista, lo han secundado algunos de sus partidarios, y llama la atención la presurosa prioridad que parece darle el Gobierno para investigar el caso; para eso ha enviado a una comisión de fiscales del interior, y el propio ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, está en Santa Cruz de la Sierra dirigiendo personalmente las operaciones.
No se pone en duda que el Gobierno se ocupe del asunto, porque finalmente esa es su atribución, pero con las pistas que dio Evo Morales sobre cómo observa su partido y en consecuencia sus representantes en el Ejecutivo y el Legislativo el caso de los ítems fantasmas en la Alcaldía cruceña, da para comenzar a observar negros nubarrones sobre el horizonte de la región.
Y cuando los intereses políticos están por encima de la verdad misma, tampoco sería raro que el sentido de las investigaciones se desvíe y no se llegue a conocer lo que realmente ocurrió ni se dé con los verdaderos responsables del caso.
Por ahora todos los esfuerzos debieran concentrarse en llegar al fondo de los hechos, determinar las responsabilidades, identificar a los que armaron aparentemente un monstruoso caso de corrupción con dinero de los cruceños, ver hasta qué niveles del gobierno municipal llegó la red; y mientras eso ocurra, hay que actuar con prudencia. Lo que está en juego no es poco; y por eso mismo el manejo del caso exige responsabilidad y principalmente apartar intenciones y réditos políticos.
