El doble destierro de los indígenas venezolanos en Brasil
Cerca de 6.000 indígenas eligieron tierras brasileñas para buscar mejores condiciones de vida, ante una Venezuela sumida en una multicrisis, con un 94,5% viviendo en la pobreza
“Extraño todo de mi tierra. Parece mentira, es como estar lejos y extrañar a todos, el ambiente, el agua, la selva, la tranquilidad”, lamenta la indígena venezolana Leany Torres, de 31 años, que lleva dos viviendo en Brasil.
Ella forma parte de los cerca de 6000 indígenas que eligieron tierras brasileñas para buscar mejores condiciones de vida, ante una Venezuela sumida en una multicrisis, que ocasiona que 94,5 por ciento de la población viva en pobreza y 76,6 por ciento en pobreza extrema, según una Encuesta sobre Condiciones de Vida, publicada el 30 de septiembre por tres universidades del país vecino.
Arribaron a un país que tampoco vive una bonanza atractiva, con un índice de desempleo cercano a 14 por ciento y una inseguridad alimentaria creciente, pero nada comparable a la ruina de Venezuela, que forzó la migración de unos seis millones de personas desde 2014.
Roraima, el estado fronterizo que es la puerta de entrada de los venezolanos a Brasil, pobre y limitado a 650 000 habitantes, colapsó ante una oleada de inmigrantes en 2018. Los indígenas tuvieron que buscar un destierro más lejano, se dispersaron por este país de dimensiones continentales.
El informe “Los Warao en Brasil”, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), estimó que ese pueblo originario del venezolano delta del Orinoco, en el noreste del país, ya tenía su gente distribuida por 75 ciudades de todas las regiones brasileñas hacia fines de 2020.
Acnur Brasil monitorea principalmente a los waraos (habitantes de agua o de canoa, en su lengua) porque correspondían a 67 por ciento de los 5.880 indígenas venezolanos registrados en Brasil en junio de 2021, aunque sea solo el segundo pueblo originario más populoso en Venezuela, con 49.000 miembros en el censo venezolano de 2011.
La población wayuu es 8,4 veces más numerosa, según Acnur, pero migra poco a Brasil, ya que se ubica en la noroccidental frontera con Colombia, con el que ese pueblo comparte su territorio ancestral. Miembros de los pemomes, eñepas y kariñas, que viven en el este venezolano, también buscan refugio en Brasil.
La warao Torres tuvo que cruzar todo el este de su país hacia el sur, desde el norteño delta, más de 700 kilómetros, en varios buses, con la hija de ocho años y una sobrina de 20, hasta lograr llegar a territorio brasileño en abril de 2019.
Graduada en Turismo, se afirmó luego como una lideresa de la comunidad warao. Vivió en uno de los tres “abrigos” de la Operación Acogida del gobierno brasileño, que ejecuta el Ejército. A los indígenas venezolanos se les aloja en Boa Vista, capital de Roraima y su ciudad más poblada, con 420.000 habitantes.
Hay otro abrigo en Paracaima, más cerca de la frontera, pero se trata de una ciudad de solo 19.000 habitantes, más limitada en recursos para recibir migrantes.
Pros y contras de la Operación Acogida
“El abrigo ofrece alimentación tres veces al día, cierta protección y asistencia médica, pero no es bueno. Los baños precarios, apenas tapados para mujeres, a veces con colas”, dijo Torres a IPS por teléfono desde Boa Vista.
Una de sus iniciativas puede abrir un camino a la inserción económica, la gran dificultad de los indígenas venezolanos. Ella y 18 familias warao lograron adquirir 14.250 metros cuadrados de tierra en el municipio de Cantá, de 19.000 habitantes, a 30 kilómetros de Boa Vista.
Allí esperan construir una comunidad, mantener la cultura warao y sembrar, por ejemplo, mandioca (yuca) y banano, en una labor colectiva. El dinero para la compra se juntó con pequeños negocios, aportes de cada uno y de organizaciones de apoyo a los refugiados.
“Estimulamos a que otros hagan lo mismo. El Estado brasileño debería apoyarnos, pero lo veo difícil. Si los mismos indígenas brasileños enfrentan muchos conflictos con su gobierno, para nosotros no veo posibilidades”, lamentó Torres.
“Hay que seguir viviendo, abrir paso a las nuevas generaciones. Regresar a Venezuela no es una alternativa a la vista”, concluyó.
En Roraima hay 1.500 indígenas venezolanos en los abrigos, estima Gilmara Ribeiro, activista del católico Consejo Indigenista Misionero (Cimi). Torres cree que hay otros 500 fuera de esa operación.
Creada en 2018, cuando el flujo de migrantes venezolanos provocó el colapso de la administración en Roraima, la Operación Acogida instaló los abrigos para la población desamparada en las calles.
“Era un modelo de emergencia, provisional, pero se volvió permanente y no involucra los gobiernos locales, en desmedro por ejemplo de cuestiones sanitarias y educacionales”, lamentó Ribeiro a IPS, también por teléfono desde Boa Vista.
“Antes se alojaban los venezolanos en escuelas, estadios, todos mezclados. Hubo conflictos entre culturas distintas. Se decidió entonces construir los abrigos separados para los indígenas y los criollos”, explicó.
El problema es que muchos “se quedan allí dos, tres años, se debilitan, no hay políticas públicas de inserción. La Operación Acogida sale cara y no crea condiciones para que los migrantes y refugiados generen sus propios ingresos”, observó.
El Cimi y otras instituciones apoyan con actividades de artesanía, de reciclaje de residuos, en el acercamiento con indígenas brasileños, ejemplificó la activista.
Refugiado, el estatus preferido
La mayoría de los indígenas venezolanos buscan legalizarse en Brasil mediante la solicitud de refugiado, que el gubernamental Comité Nacional para Refugiados (Conare) facilita porque desde 2019 catalogó que Venezuela vive “una situación de violación de derechos humanos grave y generalizada”.
En junio de este año, 49 por ciento de los indígenas llegados al país eran solicitantes de refugio, mientras 13 por ciento ya tenían el reconocimiento de refugiados y solo 38 por ciento tenían la residencia u otro estatus que garantizaba su permanencia en Brasil.
“Yo preferí quedarme como residente, porque me dijeron que el permiso para refugiados debe ser actualizado cada seis meses y la residencia dura dos años”, justificó Torres.
En realidad, para el caso venezolano es más fácil obtener el refugio, ya que todos sufren violaciones “generalizadas”. El pedido de refugio exige menos documentos formales que los de la residencia y el simple comprobante de solicitud asegurar todos los derechos, pero si hay que renovarlo cada 180 días, hasta que el Conaire formalice el reconocimiento.
Entre los venezolanos en general, indígenas o no, 38,5 por ciento de los 264.257 que estaban en Brasil en agosto de 2020 prefirieron solicitar el refugio. Los indígenas tienen más ventajas como refugiados, porque se benefician de derechos adicionales, como los previstos en los convenios internacionales y las resoluciones da Naciones Unidas.
El gran problema es la generación de ingresos. Como en la casi totalidad no tienen escolaridad y capacitación profesional para la inserción económica, se sujetan a trabajos informales, precarios y de baja remuneración, en la construcción, limpieza urbana, agricultura, trabajos domésticos.
El drama de la diáspora cada día más acentuada se realza con el destino de los warao. La presencia de ese pueblo en Brasil comenzó en 2014, cuando sumó unas 30 personas. A fines de 2016 ya eran 600 y en diciembre de 2020 alcanzaron 3.300, a medida que se acentuaba el deterioro de la situación en Venezuela. En general los niños y adolescentes son mayoría.
La merma de donaciones en las calles, que para la cultura warao no tiene la indignidad de mendigar, y las dificultades de convivir con los criollos, los venezolanos no indígenas, de conseguir trabajo y ventas de la artesanía en Roraima, los llevaron primero a Manaus, capital del vecino estado de Amazonas, donde muchos volvieron a la pesca, la actividad tradicional del pueblo deltano.
Luego prosiguieron camino al este, al estado de Pará, desde fines de 2017. En 2019 se dispersaron por las demás regiones brasileñas, Nordeste, Sureste, Centro-oeste y Sur. En diciembre de 2019 un grupo de 16 arribaba a São Paulo, la mayor metrópoli y capital económica de Brasil.
Ocho meses antes, 14 de ellos habían llegado a Porto Alegre, la capital del extremo sur, y despertó la atención del Núcleo de Antropología de la Universidad Federal local.
La Acnur trata de movilizar las varias instituciones, publicas y no gubernamentales, para la debida asistencia a esos migrantes y refugiados especiales en todas partes, una tarea extensa y compleja.
