Reprograman para abril el juicio por caso ‘Decretazo’ con la presencia de Camacho
El Juzgado Octavo de Sentencia de Santa Cruz decidió postergar la audiencia. La Procuraduría presentó un incidente de corrección de procedimiento. Régimen Penitenciario justificó que no se realizó el traslado por razones de seguridad
El jueves 11 de abril es la fecha fijada por el Juzgado Octavo de Sentencia de Santa Cruz para que se inicie el juicio contra el gobernador Luis Fernando Camacho por el caso ‘decretazo’. El mismo tenía que haberse iniciado ayer, pero debido a la ausencia de la autoridad departamental fue suspendido.
Antes de que se suspenda el inicio del juicio, la jueza a cargo de proceso, Mónica Sánchez, manifestó que el gobernador del penal de Chonchocoro debe informar las razones por las cuales no se cumplió la orden judicial para su traslado.
También se resolvió un incidente de corrección de procedimiento presentado por la Procuraduría General del Estado (PGE), que por carecer de fundamentos fue rechazado por este tribunal de sentencia. “La Procuraduría, en dos oportunidades, pudo subsanar su participación, ahora pretenden, con una corrección de procedimiento, tratar de subsanar los errores de su negligente trabajo y al no darle lugar, además de la asistencia (del gobernador Luis Fernando Camacho) se ha suspendido la audiencia”, manifestó el abogado, Martín Camacho, representante jurídico del gobernador cruceño.
Familiares de Luis Fernando Camacho, asambleístas departamentales y parlamentarios de la agrupación Creemos, además de vecinos que apoyan al gobernador cruceño, llegaron hasta este tribunal de sentencia, ubicado en el Palacio de Justicia, para acompañar el inicio del proceso judicial.
“Tenía la esperanza de verlo, porque no puedo ir a La Paz. Quería abrazarlo porque no lo he podido hacer”, manifestó José Luis Camacho, padre del gobernador, y exhortó a que la Justicia actúe legalmente respetando las normas.
Durante la presentación de estos incidentes, las personas que llegaron apoyando a Camacho criticaron las acciones legales que pretendía realizar Ricardo Condori, subprocurador de Supervisión e Intervención.
“Se suspendió la audiencia porque esta cartera de Estado presentó un incidente de corrección de procedimiento, pero es de lamentar que este Tribunal no lo haya valorado en su momento. No valoró a esta entidad que es plenamente considerada sujeto procesal del pleno derecho”, complementó Condori.
Según el representante del Estado, en el incidente que presentaron se hicieron conocer varios vicios procesales que debían ser resueltos antes de que se inicie el juicio oral.
Horas antes, el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, se refirió a las razones por las cuales no se procedió con el traslado de Camacho para su audiencia. Primero manifestó que el director de Chonchocoro mandó a la dirección nacional de seguridad penitenciaria una solicitud de “informe respecto a la presencia física del privado de libertad” en Santa Cruz.
Según Limpias, el director de Palmasola respondió que hay un voto resolutivo de los privados de libertad que declara como persona no grata a Camacho y “que la presencia física del privado de libertad puede generar algún tipo de malestar entre los privados de libertad y entre sus familias”.
Explicó que el otro informe solicitado al Comando de la Policía en Santa Cruz era para ver el traslado de Camacho desde el aeropuerto de Viru Viru hasta el centro penitenciario de Palmasola, porque señaló que “prácticamente se tenía que pasar toda la ciudad” y que también se tenía que mover al privado de libertad de esa cárcel hasta los juzgados, recorriendo “una distancia considerable”.
A través de un comunicado, que fue colgado en sus redes sociales, la alianza Creemos manifestó que el presidente Luis Arce “tiene miedo” de que el gobernador pueda reencontrarse con la población.
“Luis Arce ha confirmado que estamos viviendo en una dictadura y que el Gobernador Luis Fernando Camacho está secuestrado. A pesar de que un juez competente ha ordenado su traslado a Santa Cruz, el gobierno incumplió ese mandato de la justicia. Eso constituye un gravísimo atropello a la legítima defensa.
