Otro atropello con el gobernador

El tribunal de justicia donde se llevará adelante el juicio oral contra el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, por el caso ‘Decretazo’, dispuso que él debe defenderse de manera presencial en Santa Cruz de la Sierra. El Poder Judicial lo ordenó, pero el suprapoder Ejecutivo impide el cumplimiento al bloquear el traslado de la primera autoridad del departamento, que está detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro, en el departamento de La Paz.​

“¡Ya no estamos en un Estado de Derecho!”, afirmó Luis Fernando Camacho, con justa razón. Su derecho al debido proceso está siendo vulnerado por un ministro designado, que aunque tiene mucho poder, no cuenta con las atribuciones para contradecir la orden de una autoridad de la justicia.

En este caso, hay una consigna política; quizás una preocupación o un temor a lo que puede significar la presencia de Luis Fernando Camacho en tierra cruceña, la tierra que lo eligió como la máxima autoridad de este departamento. Solo así se puede entender que el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, y su subordinado el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, hubieran esgrimido al menos siete argumentos para bloquear el traslado, uno más descabellado que el otro.

Primero dijo que las medidas de seguridad en el traslado de Camacho para la audiencia podían ser vulneradas por grupos afines a la autoridad, lo que pondría en riesgo su vida e integridad física, de los policías y de la población en general.

Después señaló que los reclusos de Palmasola emitieron voto resolutivo de rechazo y declararon a Fernando Camacho como “persona no grata”, lo que fue calificado como “un riesgo latente y vulnerable a la seguridad física del mismo”. Hasta pretendían parecer preocupados por la autoridad departamental.

El tercer argumento señalaba que grupos al margen de la ley podían amenazar al personal de Palmasola, donde debía permanecer el gobernador durante el juicio oral. También decían que el penal cruceño no tenía ambientes ni equipos de salud para que Camacho tenga tratamiento médico.

El quinto argumento decía que la presencia de Luis Fernando Camacho en el departamento de Santa Cruz, podía generar una “alta probabilidad de inicio de una convulsión social por parte de grupos radicales que son afines al mismo.

En sexto lugar, que se garantizaba la presencia de Camacho en sus audiencias de manera virtual. Y la última, afirma que aparte del caso ‘Decretazo’, Camacho tiene dos juicios en dos diferentes ciudades, distantes entre sí, no se lo puede "trasladar todos los días".

Lo cierto es que impiden que el gobernador se pueda defender presencialmente, así como impiden que reciba visitas generales, como todos los privados de libertad y han impedido que tenga atención de salud de emergencia cuando la necesitaba.

Son atropellos que se cometen y que quedan en la impunidad, lo que da la razón al gobernador: parece que el Estado de Derecho ya no es una garantía en Bolivia.

Es una muestra palpable de que la justicia baila al ritmo que pone el Gobierno nacional, lo que pone en riesgo a todos los ciudadanos, ya que el tono de la contienda política marca si una persona tiene o no tiene derechos humanos.