Los conflictos limítrofes
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Recientemente, el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) sesionó en la comunidad de Piso Firme y presentó un proyecto de ley que declara la prioridad de impulsar el procedimiento de delimitación y demarcación entre los departamentos de Santa Cruz y Beni. En los actos oficiales se pudo observar una activa participación de los pobladores del lugar que, sin dar lugar a dudas ni interpretaciones, han expresado su firme convicción de pertenecer al departamento de Santa Cruz, al que siempre se sintieron unidos y vinculados.
La movilización de la Asamblea cruceña cayó mal en Beni, cuyo Gobierno Departamental recurrió a una Acción Popular con el fin de impedir la sesión. Los legisladores cruceños actuaron con astucia y sesionaron antes de ser formalmente notificados, pero el problema persiste porque las autoridades benianas han amenazado con acciones legales y movilizaciones.
El caso de Piso Firme saltó a la luz cuando el INE decidió censar a esta comunidad en Beni, amparándose para ello en una norma de antigua data, sin tomar en cuenta otros aspectos como son la existencia de asientos electorales cruceños en la zona o la asignación de recursos económicos departamentales y municipales para satisfacer las necesidades de los pobladores de la región. Cierto que el Censo no definía límites, pero vaya problema que ocasionó.
Piso Firme es el caso más mediático porque además enfrenta a dos departamentos, pero no es el único. En Cochabamba hubo conflicto en los municipios de Colomi y Tiraque y en varios municipios del occidente también se presentaron inconvenientes y protestas de los pobladores.
Como bien apuntó Zvonko Matkovic, presidente de la ALD, Santa Cruz tiene conflictos con Beni, Cochabamba y Chuquisaca; también existe una disputa de larga data entre Beni y Cochabamba por el dominio sobre ciertas zonas del Parque Isiboro Sécure, y a nivel de municipios existen centenares de problemas irresueltos.
La mayor cantidad de conflictos data desde 1994, cuando se promulgó la Ley 1551 de Participación Popular que asignaba recursos directos y competencias a municipios de gobiernos departamentales. Antes, naturalmente, no había dinero en juego y poco o nada importaban los límites territoriales.
Precisamente, la Ley 1551 y otras normas complementarias establecen que los diferendos por límites municipales deben ser resueltos en primera instancia con las gobernaciones y que los conflictos entre departamentos deben ser atendidos por el nivel central. Pregunta: ¿hubo algún viceministro o viceministra que tome en serio esta importante responsabilidad? Y con seguridad la respuesta es: no.
Precisamente este año se cumplen 30 años de vigencia de la Ley de Participación Popular, norma que marcó un hito significativo en la asignación de recursos públicos pero que también ha acarreado problemas colaterales como las disputas limítrofes. Son pequeñas bombas de tiempo que pueden activarse en cualquier momento, sobre todo al calor de la política interna en los municipios, donde las pugnas derivan con facilidad en acciones de hecho.
Lamentablemente, en el caso de Piso Firme se ha visto una actuación poco atinada de parte de las autoridades del Gobierno central, quizá porque en un limitado análisis del caso pensaron que podían desgastar la imagen de algunos opositores con quienes andan permanentemente enfrentados. Eso es pensar en el poder, pero no en el país.
Es necesario y urgente que estos temas sean atendidos y resueltos con honestidad y responsabilidad histórica; pero tal vez es demasiado pedir para ministros, viceministros, gobernadores o alcaldes, concejales o asambleístas que en estos precisos momentos están más preocupados por sus cuotas de poder que por las responsabilidades inherentes a sus cargos.
Así planteadas las cosas, habrá que esperar un nuevo episodio, en algún punto del país y en cualquier momento, y solo se verá actuar a las autoridades cuando la sangre llegue al río.
