Llamado a la defensa de la propiedad privada
Recientemente, el gobierno de Luis Arce Catacora promulgó el Decreto Supremo 5143, una medida que iniciando los caminos legales es inconstitucional e ilegal, y que representa un ataque directo a los derechos fundamentales de propiedad privada en Bolivia. Este decreto regula la Ley de 15 de noviembre de 1887 sobre inscripción de derechos reales, y su aplicación pone en riesgo las propiedades inmuebles de numerosos ciudadanos, que con esfuerzo y sacrificio han construido y registrado legalmente.
La doctrina legal boliviana establece que todas las leyes, decretos y resoluciones se presumen constitucionales hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declare lo contrario. Sin embargo, en el contexto del Decreto Supremo 5143, es fundamental que no nos quedemos de brazos cruzados esperando una resolución del TCP, sino que actuemos proactivamente para proteger nuestras propiedades.
Hoy más que nunca, es esencial dirigirnos a los diputados y senadores patriotas del país, aquellos que aún creen en la protección de los derechos fundamentales, independientemente de su afiliación política, para unir esfuerzos y presentar una acción de inconstitucionalidad contra este decreto. Los abogados del Bunker están listos para aportar su conocimiento y experiencia profesional en esta lucha legal, pero necesitamos la firma de los legisladores para proceder.
Esta acción de inconstitucionalidad abstracta es la herramienta legal apropiada para desafiar la validez del decreto, basándonos en su contrariedad a la Constitución Política del Estado. Según los artículos 132 y 133 de nuestra Constitución, cualquier persona afectada por una norma jurídica que contravenga la Constitución tiene derecho a presentar tal acción, y una vez admitida, el decreto dejará de aplicarse si se declara inconstitucional.
Es crucial que se motiven sesiones técnicas y jurídicas para formular adecuadamente una acción de inconstitucionalidad. El proceso requiere precisión y un argumento sólido que detalle las infracciones constitucionales del decreto, garantizando que esta demanda sea irrefutable ante el TCP.
Más allá de los procedimientos legales, esta es una llamada a la unidad y acción colectiva. La patria no necesita más discursos vacíos, sino acciones concretas que reflejen los intereses nacionales y protejan los derechos de los ciudadanos. A pesar de la presunción de constitucionalidad de las normas, no podemos ignorar el impacto real y potencialmente devastador de este decreto en la propiedad privada.
En resumen, el Decreto Supremo 5143 es más que una regulación; es una amenaza al núcleo de nuestros derechos civiles y una prueba de la resiliencia de nuestras instituciones democráticas. La lucha por su inconstitucionalidad no es sólo jurídica, sino también una batalla en defensa de los principios fundamentales de justicia y equidad en Bolivia. Por lo tanto, instamos a todos los ciudadanos y legisladores a actuar decididamente en defensa de lo que justamente nos pertenece.
