Cercan y prohíben ingreso al cordón ecológico por ser “propiedad privada”

“Se declara como servidumbre ecológica legal del río Piraí, la superficie de terreno comprendida desde el margen del río hasta los 100 metros a lo largo del Área Protegida “Parque Metropolitano de Protección Ecológica del río Piraí’’, dice el artículo 7 (1) de la Ley 1434, de abril de 2021, que protege al cordón ecológico.

“Se prohíben los cerramientos perimetrales, las aperturas de caminos, las urbanizaciones, el desmonte mecanizado y el fraccionamiento de predios”, indica el artículo 9 de la misma norma.

Paradójicamente, todo lo prohibido está sucediendo en el pulmón de la ciudad. Y en los mismos días en que se dictó la pausa administrativa del Gobierno Municipal, uno de los propietarios de los predios recorrió su encerramiento, de 90 metros a apenas cinco de distancia del agua, y además le puso letreros que dejan claro que el ingreso está prohibido. Por ese punto se tendieron 6,5 km de pavimento, hecho que fue denunciado por el concejal de Comunidad Ciudadana (CC), y que según vecinos y ex guardaparques, ocurrió en tiempos de la cuarentena rígida.

El 5 de octubre, el DEBER acompañó una visita al lugar y no estaba ni el alambrado ni los letreros. El 12, el alcalde Jhonny Fernández encabezó una inspección en el tramo del cuarto anillo, entre las avenidas Centenario y Busch; desde ahí aseguró que se hará una auditoría ambiental, jurídica y técnica, y que todas las irregularidades, sin excepción, serán analizadas.

Ayer, Fede Morón hizo otra inspección, esta vez acompañado de los concejales de CC, José Alberti, Lola Terrazas, Karina Orihuela, Noemí Centellas, de la concejal de UCS, Lucy Rivero, y de la diputada María José Salazar. A diferencia de la inspección del alcalde, no estuvieron ni la Autoridad de Bosque y Tierra (ABT), ni Searpi, ni el secretario de Medio Ambiente de la Gobernación.

Molesto, Morón denunció el nuevo encerramiento, al que calificó de ilegal, más allá de ser un abuso. El concejal valoró la pausa dictada por el alcalde porque es un instrumento útil para “estar ojo al charque”, pero confesó que no termina de confiar.

“Convocamos al alcalde a una inspección y él la organizó a espaldas nuestras, de los que denunciamos. Desconfío porque van varias gestiones en las que se dictan medidas hasta que la tormenta se apacigüe”, cuestionó.

El concejal de CC también reclamó que la inspección del Ejecutivo se llevara a cabo en un punto distinto al de las denuncias, donde se tendieron 6,5 km de pavimento que casi comunican con el Banco Económico.

“Entre los dueños hay empresarios, políticos, gerentes, algunos de ellos nuevos propietarios desde hace tres o cuatro años. Y todo esto ha venido pasando desde que la arquitecta Angélica Sosa vulneró la norma y abrió la puerta a las irregularidades con la construcción de la Quinta Municipal, que además consiguió licencia ambiental”, dijo.

La ingeniera ambiental y experta en calidad de agua, Sandra Quiroga, también fue parte de la comisión de esta segunda inspección, y apuntó a la ABT y a la Gobernación. “La ABT ha incurrido en incumplimiento de deberes, igual que la Gobernación, que estaba informada. Nos han cercado el cordón ecológico, han puesto letrero de propiedad, de prohibido el ingreso a solo cinco metros del río, cuando la ley manda que ni siquiera puede pernoctarse acá”, arremetió.

Quiroga explicó que el riesgo mayor es para Santa Cruz de la Sierra, que está seis metros por debajo del lecho del río en Porongo. Dijo que ya hubo tres crecidas extraordinarias, en 2009, 2010 y 2014, y que esta última casi se lleva el puente Foianini.

“Estamos como hace años, cuando el mall Ventura formaba parte del lecho del río, eso es como parcelar el río y decir este terreno es mío. Es absurdo que tenga dueño, debería ser terreno municipal. Tenemos todas las leyes violentadas, desde la CPE hasta las de Madre Tierra y la de Medio Ambiente, además de ocho normas que se supone blindan el cordón”, denunció.

Saúl Morón, director de Manejo de Bosques y Tierra de la ABT, aseguró que procederán conforme a la normativa si encuentran in fraganti a quienes estén haciendo aprovechamiento ilegal. Dijo que la pausa de la Alcaldía es determinante para la paralización de construcciones.

Limberg Guzmán, asesor forestal, apuntó a que no se ataca el problema de fondo, y que el fondo no es la construcción de un camino, sino que las autoridades no han dado uso al cordón, con un manejo sostenible.