Bajo el cielo más puro de América
El pasado 14 de septiembre, la gobernación de Santa Cruz declaraba emergencia departamental producto de los devastadores incendios forestales que ya han provocado la quema de más de 400 mil hectáreas en la región. Pese a que estas cifras palidecen ante las más de 4 millones de has. que sucumbieron ante las llamas durante la gestión pasada, resulta perturbador que ya sean varias las efemérides que, en vez de poder celebrar el aniversario de nuestro grito libertario apagando velas, cientos de bomberos y guardaparques se tengan que llenar los pulmones con humo tratando de sofocar el fuego. Sin duda toda una tragedia, pero también constituye un crimen hacia el medio ambiente puesto que es innegable que gran parte de estos incendios son provocados.
Lamentablemente, y como siempre ocurre en estos casos, surgen quienes señalan culpables con una vehemencia y seguridad reservada solo para aquellos que son testigos presenciales. En este caso, algunos activistas ambientales apuntan sus dardos contra el sector agropecuario cruceño sin mayor argumento que su desconocimiento técnico y una pesada carga de prejuicios ideológicos. Lo anterior, se confirma con el hecho que, de acuerdo a información oficial, gran parte de los incendios se han producido en parques nacionales y tierras fiscales, las que obviamente no son explotadas ni por la ganadería ni la agricultura tradicional. Asimismo, se observa claramente la intencionalidad política de ir contra una región y un sector en particular cuando se pretende asociar el tema de las quemas con la demanda de prohibir el uso de semillas transgénicas, solicitud hecha sin ningún sustento científico ya que es precisamente esta tecnología la que, al incrementar sustancialmente los rendimientos por hectárea de los cultivos, ayudan a disminuir el incentivo y la necesidad de ampliar la frontera agrícola a los ritmos actuales.
La génesis del problema de los desmontes y chaqueos siempre se supo y radica en la dotación indiscriminada de tierras a personas que vienen literalmente a colonizar áreas que les son extrañas, como les son también las técnicas adecuadas para el manejo sostenible de las mismas. Por lo mismo, llama la atención el silencio cómplice que por años han mantenido al respecto los autodenominados defensores de la biodiversidad. Para entender cómo piensan quienes están llevando a cabo esta actividad criminal, y ser efectivos en combatirlos, podemos acudir a la teoría económica del crimen desarrollada por Gary Becker, ganador del premio Nobel de economía. Ésta afirma que quienes cometen actos delictivos son seres racionales que sólo actúan en la medida que los beneficios esperados sean mayores que los costos. Por lo que, si se quiere desincentivar determinada práctica es necesario elevar dichos costos incrementando las sanciones o penas impuestas y/o la probabilidad de captura o ser atrapados.
La reciente abrogación del D.S. 3973 que autorizaba las “quemas controladas” en los departamentos del Beni y Sta. Cruz, constituye un avance importante, ya que al parecer éstas eran todo, menos controladas. Sin embargo, es imprescindible ir más allá y modificar las leyes para endurecer las penas por quemas ilegales, lo que será posible una vez que la Asamblea Plurinacional sea rescatada del secuestro en que el MAS la ha mantenido por los últimos 15 años. Asimismo, es fundamental un acuerdo nacional que permita un incremento significativo de los recursos financieros y humanos destinados para el control y prevención de las quemas ilegales, así como para perseguir y procesar a aquellos sorprendidos cometiendo dichos delitos.
Solo una vez que se logren consensos al más alto nivel y se actúe en consecuencia, será posible que nuestros hijos puedan nuevamente vivir y crecer bajo el cielo más puro de América.
