A pesar de la pandemia y el contrabando, exportación forestal crece más del 55%

En un contexto de escalada de casos de contagios en la tercera ola de pandemia de Covid-19 y de denuncias de ingreso masivo de contrabando, la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) revela que el valor de la exportación de productos de madera creció un 55,6% en el primer cuatrimestre de este año, con respecto al mismo periodo de 2020. Hasta abril del año pasado el sector exportó $us 16,4 millones, mientras que en los primeros cuatro meses de este año, la facturación fue de $us 25,5 millones.

El presidente de la CFB, Diego Justiniano, ve que el sector reporta una balanza comercial positiva de $us 11,1 millones. El mayor comprador de productos de madera de Bolivia es China con $us 7,8 millones, que incrementó sus compras un 137% respecto de 2020 en el periodo de análisis. Le sigue EEUU, con $us 6,3 millones, y luego aparece Francia, con $us 1,8 millones.

Cabe recordar que el sector sufrió un retroceso en la última década, al extremo de cambiar el perfil comercial maderero de Bolivia tornándolo deficitario de 2014 a 2018. La crecida de las importaciones de productos madereros desde $us 9 millones en 2006 a casi $us 67 millones en 2014, a la par que las exportaciones del sector caían desde un pico de $us 127 millones en 2007 a un mínimo de $us 50 millones en 2016. Si bien el déficit se revirtió desde 2019, las exportaciones hoy son la mitad de lo que fueron en su mejor momento.

En el balance de antecedentes sectorial, Justiniano trae a colación que las importaciones llegaron a cubrir más del 65% de la demanda de productos forestales en el mercado interno, lo que provocó el cierre de más de 4.500 unidades productivas entre micro, pequeñas, medianas y grandes. Estima que se perdieron más de 25.000 fuentes de empleo directo, sin contemplar el impacto en los empleos indirectos. Describió que la industria nacional trabajó al 35% de su capacidad instalada y, sin excepción, todos los actores de la cadena productiva forestal entraron en una iliquidez alarmante.

Frente a ello, Justiniano cree que se debe adoptar una política de Estado que redefina el tratamiento jurídico, administrativo, técnico y económico sobre los bosques naturales. “Es momento de reconocer que la mejor manera de conservar un bosque es usándolo responsablemente para que genere economía y desarrollo. Promover el manejo sustentable y asegurar la seguridad jurídica de los bosques, es la mejor estrategia para luchar contra la deforestación”, remarcó.

A su modo de ver, la dinámica de la producción, el transporte y el comercio deben ser fluidos y expeditos y la fiscalización y el control de la actividad forestal, deben estar centrados exclusivamente en el bosque, para garantizar el aprovechamiento legal y sustentable del recurso forestal. A la par, cree que se requieren líneas de financiamiento adecuadas, la implementación de un sistema tributario similar al del sector agropecuario y, finalmente, regular de manera adecuada la relación entre la comunidad y la empresa, para garantizar un aprovechamiento forestal equitativo, responsable con el bosque y de largo plazo.

Para completar la política de Estado que requiere el país, Justiniano aduce que es indispensable y urgente implementar un sistema de fomento a las plantaciones forestales y agroforestales. De darse las condiciones descritas, asegura que el sector tiene la capacidad, en un plazo de cinco años, de incrementar la producción actual de 1,3 a 5 millones de m3 por año; y generar unos 419.000 empleos directos e indirectos, frente a los cerca de 90.000 directos y 180.000 indirectos que se generan actualmente.

De igual manera, señala que es posible crecer en la industria de más 15.000 unidades productivas actuales a más de 32.000, incrementado la economía interna del sector forestal de $us 350 a 500 millones por año y llegar a más de $us 1.200 millones en valor de exportación. “Si se decide encarar este plan en su integridad y promover las plantaciones forestales se pueden producir en cinco años 100.000 hectáreas, 80.000 empleos y más de $us 375 millones anuales de ventas”, anotó Justiniano.

El pasado mes, con datos estimados del Índice Global de Actividad Económica (IGAE), según el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, entre enero y abril de este año la economía boliviana logró un crecimiento estimado del 5,3% con una dinámica importante de la minería, construcción, hidrocarburos, industria manufacturera y comercio.

Anotó que en el primer cuatrimestre se registró una recuperación de los indicadores de comercio exterior. Las exportaciones, en promedio, llegaron a $us 3.096 millones, con un crecimiento del 34%, mientras que las importaciones alcanzaron $us 2.643 millones, un ascenso de 15,8%, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). “Se registró una fuerte recuperación de las exportaciones de la industria manufacturera y de minerales; se logró una balanza comercial positiva, refirió Montenegro.

Para el ex director ejecutivo de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), Rolf Köhler, Bolivia no cuenta con una política de Estado para el desarrollo de los bosques y será difícil que estos sobrevivan los próximos 50 años. “Hay que generar valor económico en los bosques, de lo contrario, va ser muy difícil conservarlos”, indicó, al referir que el sector forestal está en condiciones de generar en la próxima década más de $us 2.000 millones, recursos que igualarían o superarían los ingresos por exportación de gas natural y minería.

Normativas sin resultados

Desde el municipio de San Julián, el presidente de la Federación de Carpinteros de Santa Cruz, Juan Marcelino Marino Chura, reconoce avances en materia de comercio exterior, pero en lo interno observa desprotección del mercado (importación legal masiva y contrabando de productos forestales) e incumplimiento de las normas promulgadas por el actual Gobierno para reactivación al sector.

Marino aludió que el Decreto Supremo 4505, que establece la obligatoriedad de los tres niveles del Estado para la adquisición preferente de productos bolivianos, aún no trajo ningún impacto en la economía de las 15.000 carpinterías que operan en Santa Cruz.

A juzgar por Marino, es necesario agilizar la política de ‘compra responsable’, de tal manera que el Gobierno, gobernaciones y municipios prioricen las compras de manufacturas de madera de carpinterías e industrias nacionales, mediante adquisiciones públicas de productos de madera producidos en Bolivia. “Se debe crear un ministerio o viceministerio para atender las necesidades específicas del sector forestal”, planteó.

Medidas estructurales

Desde la Sociedad Boliviana Maderera (Sobolma), el gerente general Alejandro Antelo, manifestó que el aumento de las importaciones afecta a varios sectores, entre ellos, el maderero. Añade que los últimos reportes estadísticos reflejan que se incrementó el ingreso de productos de madera, especialmente tableros desde Argentina y Brasil, países que por su devaluación monetaria alcanzan una posición ventajosa con relación a los precios del mercado local. “Esto genera una competencia desleal a la producción nacional y pérdida de empleo”, manifestó.

El ejecutivo cree que para que la producción crezca, se generen empleos y estabilidad en la provisión de los productos se debe garantizar seguridad jurídica para los productores, desburocratización de todos los procesos administrativos, financiamiento para inversión y reconversión tecnológico y combate al contrabando y a la actividad forestal ilícita.

Desde Surimex, el gerente general Ricardo Braun, coincide con su par de Sobolma en que el contrabando de productos forestales afecta y quita competitividad al sector, teniendo en cuenta que Bolivia es vecino de Brasil, Argentina y Perú, países que han devaluado su moneda y tienen grandes industrias forestales.

Surimex, como actor principal dentro del mercado nacional en la producción de pallets para industrias, a decir de Braun, ve oportuno priorizar las compras estatales de productos nacionales, implementar la licencia previa para la importación de productos maderables y, sobre todo, una efectiva lucha contra el contrabando. “También vemos necesaria la creación de políticas para el desarrollo de plantaciones forestales industriales, las cuales traen un gran beneficio para el país en la sostenibilidad forestal a largo plazo”, manifestó.

El gerente general de Cimal, Edgar Lozano, cree que se debe combatir la ilegalidad y la informalidad, simplificar la gestión administrativa forestal, promover la gestión digital de la actividad, disminuir impuestos y patentes ya que la actividad forestal hace cosecha sostenible de recursos renovables, flexibilizar el régimen laboral para fomentar la creación de empleos y mejorar la infraestructura logística del país para bajar costos de llegada a los puertos de salida de la producción.

Además, ver creativamente cómo recuperar la competitividad cambiaria para fomentar las exportaciones y que el Estado; en todos sus niveles, haga compras responsables de productos forestales de fuentes legales y sostenibles. En el campo, dijo que se debe evitar ocupaciones ilegales, deforestación e incendios.

Iniciativa estatal

En mayo, el Gobierno aprobó el Decreto 4505 que reglamenta la Ley 1257 de Fomento a la Adquisición Estatal de Bienes Nacionales, que implementa el ‘Catálogo Electrónico-Compra Hecho en Bolivia’, con el propósito de modernizar las compras estatales, incentivar la producción nacional, reducir los tiempos en la contratación de los productos y la reactivación del aparato productivo del país.

En aquella ocasión, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, expuso que el inventario tendrá fichas técnicas de los productos nacionales para que las entidades del Estado puedan consultar y contratar los servicios, tomando en cuenta que el catálogo electrónico se integrará a la plataforma del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) y los proveedores anotarán los productos a través del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

Según Huanca, en 2019 las contrataciones públicas representaron Bs 34.954 millones, de los cuales Bs 7.374 millones fueron compras de bienes. La iniciativa estatal beneficiará al sector de madera, metalmecánica, pisos, cerámica, pintura, vidrio, ladrillo, cemento y otros.