21 de febrero de 2021, 5:00 AM
21 de febrero de 2021, 5:00 AM


Hoy se cumplen cinco años del referéndum para consultar a los bolivianos si aceptaban que Evo Morales y Álvaro García Linera vuelvan a ser candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia del país. En esa consulta Bolivia dijo que no estaba de acuerdo. La diferencia no fue abismal, pero una mayoría de los ciudadanos rechazó el afán prorroguista de Morales.

Hace cinco años se marcaba un punto de inflexión en la historia del país. Por un lado, el deseo de perpetuarse de Morales y García Linera significó el principio de su caída. Por otro lado, fue el inicio de un despertar ciudadano a ser parte y decidir sobre la vida política del país, después de un prolongado letargo.

El resultado del 21-F no fue respetado por el MAS y rápidamente sus abogados (acostumbrados a “arreglar las determinaciones del presidente”) buscaron la chicana para imponer la reelección; para ello usaron nada más y nada menos que al Tribunal Constitucional Plurinacional, cuyos miembros se prestaron y después fueron ‘premiados’ con pegas o embajadas.

Lo que no calculó el MAS fue que los bolivianos ya estaban cansados de tanto abuso y manipulación. Fue el 2017 cuando la autoconvocatoria a marchas y protestas hizo ver la emergencia de los jóvenes, las mujeres y la población en general, asumiendo la defensa de la democracia con el grito que reclamaba el voto al respeto popular.

Lo descrito muestra un proceso, que comenzó en febrero de 2016 y que el 10 de noviembre de 2020 dio lugar a la renuncia de Evo Morales, después de evidenciarse la burda manipulación del sistema electoral (certificada por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea). Lejos de haber aprendido la lección, el MAS pretendía volver a vulnerar la voluntad popular e ignorar el voto.

Ahora el MAS busca borrar esa parte de la historia, relatando su visión de los hechos. Penosa actitud que no hace más que sembrar el camino de una decepción en quienes creían que otra Bolivia: sin manipulación ni ejercicio abusivo del poder era posible.

Entre 2019 y 2021 hubo un año, el de la pandemia, que lastimó la economía, puso en evidencia la debilidad sanitaria de Bolivia, y que tuvo al frente a un gobierno que no supo encarnar lo que el pueblo estaba esperando; al contrario, lastimó la fe con un hecho de corrupción muy grave, porque se usó la desesperación de la gente para enriquecer a unos avivados.

Bolivia fue a las urnas y le dio el triunfo a Luis Arce Catacora, que ganó con el 55% de los votos, una legitimidad que le permitiría unir al país, demostrar que se puede gobernar con respeto a todos; pero lamentablemente hasta el momento va demostrando a pasos agigantados que repite la experiencia del abuso de poder al querer imponer una visión que no incluye a todos los bolivianos, una recentralización y un afán de no aceptar, sino aplastar, a las voces disidentes. Retirar el escudo nacional y aprobar una ley de emergencia sanitaria que niega a la ciencia y a las autonomías son la muestra de aquello.

Al frente hay una oposición partidaria que no da la talla y que no atina a generar un freno institucional ni discursivo a los afanes de imposición.

Es ahí donde se revive el valor del protagonismo ciudadano, pues los bolivianos saben que tienen el poder para lograr cambios importantes y hacer que la voz del pueblo sea la única voz válida en la tan compleja construcción de esta Bolivia sufrida.

A cinco años del 21-F resta saber si lo vivido en un quinquenio se mantiene como un jenecherú (fuego que nunca se apaga) o si el relato de “golpe de Estado”, que niega la manipulación de las elecciones, se impone sobre la colectividad. La conciencia del ciudadano es fundamental en esta etapa de la historia.

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