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El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) desvela que el proceso de saneamiento en el departamento de Santa Cruz registra un 90% de avance y que el porcentaje restante corresponde a 10.000 predios que se concentran en las provincias Warnes, Sara, zonas productivas hacia el Norte Integrado y el área metropolitana donde la expansión urbana genera conflicto por la plusvalía del terreno. La meta definida en la planificación es cerrar este proceso en 2023. 

En contacto con EL DEBER Streaming, el director nacional de Planificación del INRA, Juan De Dios Fernández, dijo que en la presente gestión a escala nacional se prevé titular por lo menos de 1,5 millones de hectáreas para generar un avance importante en la consolidación del derecho propietario en todo el país. En el caso de Santa Cruz, indicó que la meta definida ronda entre 800.000 y 900.000 hectáreas. Atribuyó el retraso de este proceso a la suspensión de actividades en torno al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante la gestión del régimen de gobierno transitorio. No obstante, dijo que en mayo se seleccionó e incorporó personal técnico –la masa oscila entre 80 y 90 funcionarios- para reconducir y acelerar el proceso de saneamiento.

Fernández aclaró que en Santa Cruz el avance de saneamiento de tierras alcanza un 90% y falta trabajar el porcentaje restante. “Ese 10%, que aún resta por sanear corresponde a unos 10.000 predios, de los cuales 1.000 tocan a medianas empresas y 9.000 a pequeñas propiedades comunitarias, de pueblos indígenas y otros. Queremos concluir el trabajo en Santa Cruz hasta 2023 y la única forma de alcanzar este proceso es trabajando de manera coordinada con todos los actores del área rural”, anotó, al especificar que el 10% se concentra en las provincias Warnes, Sara, zonas productivas hacia el Norte Integrado y el área metropolitana, donde la expansión urbana genera conflicto por el alto valor del terreno.

Dotación de tierras fiscales

En el ámbito de la distribución, Fernández insinuó que este año se definió la dotación de 60.000 hectáreas de tierras fiscales que están concentradas en el norte de La Paz, parte de Beni, algo en Pando y también en Santa Cruz.  De acuerdo con la Constitución Política del Estado el Estado (CPE), dijo que las tierras fiscales van a ser dotadas a pueblos indígenas, campesinos, interculturales y afrobolivianos que no poseen o poseen insuficientemente tierra. “Nuestro universo de beneficiarios de dotación de tierras fiscales son estos grupos sociales, que claramente representan a la mayoría. Con preferencia se atenderán las demandas que sean de la zona”, puntualizó.

El dato oficial, según Fernández, es que en Santa Cruz se han identificado alrededor de 15,8 millones de tierras fiscales, de las cuales casi 3,3 millones son tierras fiscales no disponibles (parques nacionales, reservas forestales, áreas protegidas municipales, departamentales y nacionales) que no pueden ser distribuidas. “No podemos dar resolución de asentamientos. Un asentamiento humano en esas áreas es irregular”, mencionó.

Aclaró que de tierras fiscales disponibles quedan 2,6 millones de hectáreas en Santa Cruz, de las cuales ya se distribuyeron alrededor de 1,7 a 1,8 millones de hectáreas a 922 comunidades, cuyos beneficiarios suman 33.000 familias. En cuanto a las demandas de los pueblos indígenas en Santa Cruz, refirió que de 2006 a 2009 ya se atendieron y se ha resuelto al 100%. En el caso del pueblo Yuracaré, Guarayo y Ayoreo en un 100%; del pueblo indígena chiquitano, supera el 96%; y queda pendiente el pueblo guaraní donde se han encontrado muchos conflictos.

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