Escucha esta nota aquí

Wálter Zuleta, exabogado de Gabriela Zapata, emitió una declaración desde Perú, donde se encuentra hace cuatro años. Admitió que realizó cotizaciones para la compra de los respiradores españoles y sostiene que “no existe un sobreprecio del intermediario”, como apunta la investigación.

Ayer, el supuesto “testigo clave” del proceso, Luis Fernando Humérez, lo acusó de ser uno de los tres intermediarios que iban a cobrar más de un millón de dólares por la adquisición de los 170 equipos, que llegaron al país con un precio casi cuatro veces mayor al real.

“Humérez, empresario particular, obtuvo mi número en Perú y desde hace unos meses me llamaba para obtener cotizaciones de productos que yo le facilité algunas veces. Atendí los pedidos por la naturaleza del negocio, como a cualquiera, igual nunca compró nada”, publicó en su cuenta en Facebook el abogado.

Explica que consultó presupuestos, remitiendo el nombre de tres empresas y varios modelos requeridos, entre ellas ISE International. “Entiendo que un comité pertinente evaluó y aceptó en las condiciones y circunstancias urgentes, y compró. Caro o barato, pero urgente, que son reglas del mercado, en una época de pandemia, donde todo escasea. Argüir que fue muy caro es solo eso y, por ende, no puede ser delito”, sostiene.

Agrega que, “al conocerse la transacción y el análisis trasnochado y politizado de la misma, en mi conclusión personal, es importante señalar que la factura comercial, los impuestos pagados en España y otros, corresponde al precio ofertado, por ende, no existe un sobreprecio del intermediario, de acuerdo a su propuesta. La existencia de otras empresas privadas regalando o no sus productos, es irrelevante”.

Finalmente, revela que, “de la rendición de las cuentas facturadas al fisco español, por la empresa vendedora, estos declaran abiertamente un beneficio posible, de un buen 23 por ciento del monto de venta, lo que tampoco alcanzaría para tamañas comisiones, que son facturadas”.

La acusación

La compra de los respiradores tuvo tres intermediarios y cada uno de ellos iba a ganar 340.000 dólares por haber hecho las gestiones de vincular al Ministerio de Salud con la fábrica, según señala un documento al que EL DEBER tuvo acceso. 

Fernando Humérez, que se presentó en la Fiscalía como 'testigo clave' en esta compra, es uno de los mediadores y reveló que él y sus socios acordaron cobrar 340.000 dólares cada uno (un total de $us 1.020.000), dinero que fue conseguido haciendo que la fábrica suba el costo de los equipos de 20.000 a 26.000 dólares, a fin de que ellos puedan cobrar su parte. 

El testigo fue convocado para realizar la búsqueda de los ventiladores en el extranjero. Para lograrlo, reveló que contactó al abogado Wálter Zuleta (que fue defensor de Gabriela Zapata), quien a su vez se vinculó con Iñaqui García, de IME Consulting, representante de la empresa que tiene sede en Bilbao y que fue la intermediaria entre la fábrica y el Estado boliviano y que terminó vendiendo los respiradores al Ministerio de Salud.

A QUIENES ME CONOCEN Y A LA OPINION PUBLICA 1. ME HE SORPRENDIDO ESTA NOCHE CON DECLARACIONES DEL MINISTRO DE JUSTICIA,...Publicado por Walter Zuleta en Viernes, 22 de mayo de 2020