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La administración de Entel vuelve a estar bajo  polémica. Tras la caída del expresidente, Evo Morales, se destapó una serie de anormalidades en el interior de la telefónica.

Los 'dardos' del actual Gobierno apuntaron al exgerente, Óscar Coca, a quien se acusó de haber causado un daño económico de Bs 1.700 millones a la estatal. Ahora, esas mismas acusaciones son lanzadas desde el Ejecutivo contra el último exgerente, Elio Montes.

Desde el Gobierno sostienen que Montes incurrió en una serie de gastos elevados. Por ejemplo, se lo acusa haber gastado Bs 55.152 en hospedaje y consumo extras en un hotel cinco estrellas ubicado en la zona Sur.

Desde el directorio de la estatal aseguran que, tras conocer de su destitución, el exejecutivo finiquitó, por la suma de Bs 868.998, a 13 de sus colaboradores que hizo contratar en su corta gestión. Incluso, se acusa a Montes de alquilar una avioneta de forma particular y cargar la cuenta a ENTEL.

Paradójicamente fue Montes el que acusó a Coca de usar a Entel como una “caja chica del MAS”. Además de haber aprobado proyectos que nunca se concretaron y generaron millonarias pérdidas para el Estado, como los telecentros en áreas rurales.

Coca, incluso llegó a tener un departamento y un auto último modelo en la zona más lujosa de Lima. Todo esto fue pagado por la empresa estatal.

El exejecutivo era un hombre de confianza del expresidente Morales, estuvo seis años al mando de la operadora. Ingresó el 31 de mayo de 2012 y se mantuvo en el cargo hasta 2019, cuando fue designado Ministro de Obras Públicas, cartera de Estado que tiene bajo su tuición a Entel, BoA y la Administradora Boliviana de Carreteras, además, de la Agencia Estatal de Vivienda y Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

En septiembre de 2017, el empresario francés David Cabessa denunció a Entel, y específicamente a Coca, de favorecer de forma irregular a una compañía china.

Investigación

El ministro de Obra Públicas, Iván Arias, dijo que se investigará la gestión de Montes quien, en su descargo a través de las redes sociales, justificó el pago de finiquitos de sus colaboradores porque al ser la estatal una sociedad anónima, se rige bajo la Ley General de Trabajo. Además, aseguró que durante sus 82 días sufrió acoso laboral.

"Viví 82 días de acoso laboral, amenazas psicológicas, por parte del Aparato Estatal. ¡Mi pecado fue querer hacer las cosas bien, hacer que ENTEL crezca, hacer que el internet mejore para los bolivianos!", se defendió el exejecutivo desde su cuenta en Twitter.

Más que allá de que ambas gestiones son diferentes comparten algo en común: las dos tienen denuncias por presunta corrupción.

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