El MAS analiza procesar a Áñez y el Gobierno observa sesgo en la CIDH

El MAS pretende iniciar un proceso judicial en contra de la presidenta transitoria Jeanine Áñez aferrado en el informe preliminar emitido el martes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que establece que durante la convulsión social provocada por el fraude en las elecciones del 20 de octubre hubo masacres, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.

El abogado y director del Observatorio Político Nacional de la Universidad Gabriel René Moreno, Daniel Valverde, explicó que el informe preliminar no cuenta con valor jurídico ni legal para iniciar un proceso en contra de la presidenta ni otros funcionarios. No obstante, sugirió a las autoridades que exijan equilibrio y objetividad en la investigación de la CIDH, porque el informe final servirá como elemento probatorio para futuras demandas.

Valverde afirmó que dicho informe ha generado dudas colectivas sobre la objetividad de la CIDH, porque a partir del 10 de octubre hubo una insurrección popular y pacífica en todo el país por causa del atentado que sufrió la democracia por el fraude electoral gestado por el MAS y Evo Morales.

“Hay omisiones importantes, como por ejemplo, las dos muertes ocurridas en Montero que fueron las primeras en el país, tampoco se menciona lo sucedido en Yapacaní ni la violencia en diferentes partes del país generada por parte de sectores y grupos que se identificaban con Evo Morales. Tampoco hay una letra sobre la presencia de guerrilleros de las FARC y del MRTA y sus vínculos con el MAS”, apuntó Valverde.

Una de las víctimas directas de la violencia provocada por sectores afines al MAS, Waldo Albarracín calificó de “sesgado y prejuicioso” el informe preliminar de la CIDH porque solo busca favorecer los intereses del MAS.

“El MAS ha sobornado a los miembros de la CIDH cuando vinieron a Bolivia. Además, el líder de la comisión es Paulo Abrao, militante del PT, partido de Lula da Silva un aliado de Morales”, señaló Albarracín que el 11 de noviembre tuvo su casa quemada por una turba pro masista.

El también rector de la UMSA y dirigente del Conade aseguró que se reunió con los miembros de la delegación de la CIDH que estuvo en Bolivia, pero en el informe preliminar no figura ni una letra de su testimonio. Albarracín se declaró en “total estado de indefensión”.

En criterio del expresidente Evo Morales el informe preliminar abre la posibilidad de iniciar procesos en contra del Gobierno. “El informe de la CIDH confirma que hubo masacres contra mis hermanas y hermanos en Sacaba y Senkata. Los golpistas Áñez, Camacho, Mesa y todos los que dispararon creyeron que podían matar sin ninguna consecuencia. Ahora serán juzgados por tribunales nacionales e internacionales”, escribió Morales en Twitter.

Para el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, siguió la línea política de Morales y advirtió que el MAS analiza la posibilidad de instalar un proceso en el ámbito interno y otro en el internacional. “No denunciar que hubo masacres y matanzas sería incurrir en el delito de omisión, lo tenemos que hacer”, dijo.

El informe preliminar de la CIDH “condena de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los DDHH. En criterio de la comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, ya que se cometieron en contra de un grupo específico de personas. Además, los patrones de las lesiones que se han registrado ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial”, dice el documento.

Este medio preguntó al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, si es que el Gobierno ve que el MAS busca desestabilizar al Gobierno procesando a la presidenta para sacarla del poder. “Sí, ese es el objetivo, tratar de generar confusión, incertidumbre, mantener la convulsión que vivimos”, alertó.

Ante eso, la estrategia que planteó la autoridad y más temprano, su viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Eddy Luis Franco, fue pedir que la Unión Europea, a la ONU y la Iglesia que sean garantes de una investigación seria. La idea es que sigan la indagación y que se realice un informe sobre el “verdadero desarrollo de estos conflictos sociales que nacen con el 21-F”

Núñez lamentó que la CIDH no se haya pronunciado sobre casos violentos ocurridos durante la gestión de Morales, como la masacre en el hotel Las Américas, La Calancha. “Durante 14 años no dijo nada y ahora se pronuncia en cuatro días. Es muy raro”, dijo.