¿El cierre de un burdo montaje?

Los ciudadanos Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza ya están en casa disfrutando de la cercana e insustituible calidez de los afectos hogareños. Ocurrió diez años después de que un Tribunal dispusiera finalmente su libertad. 

Una libertad que ambos habían solicitado repetidas veces y que imperturbables y deshumanizados juzgadores les habían negado sin contemplación alguna. Los dos están incluidos en el caso de supuesto ‘terrorismo’ al que se vinculó antojadizamente con otro de ‘separatismo’. 

Sin nada probado en su contra, Guedes y Mendoza permanecieron en prisión ‘preventiva’ durante una década que se convirtió en un calvario para ellos y los suyos. Un calvario que incluso los colocó al borde de la muerte cuando tras su ilegal detención, fueron amordazados, enmanillados y golpeados durante su traslado por tierra hasta La Paz, donde los sometieron a nuevas torturas y a otros abusos.

Tanto Guedes como Mendoza han revelado que, durante su cautiverio en el penal de Palmasola, recibieron ofertas de bienes inmuebles y dinero por un funcionario del anterior Ministerio de Gobierno, principal querellante, para que se declararan culpables.

Se resistieron a hacerlo por una cuestión de principios y para no admitir un delito que no habían cometido. Ahora le corresponde al Estado, a través de las instancias pertinentes, disponer una reparación de los daños y perjuicios que han soportado los dos mientras permanecieron privados de su libertad.

¡Diez años! Es el mismo tiempo transcurrido desde el operativo policial practicado en un céntrico hotel de la capital cruceña donde fueron acribillados tres extranjeros a los que la versión oficial acusó de ‘terroristas’ y que, además, le permitió al Gobierno descabezar a la fuerte oposición política de ese tiempo. Inmediatamente después se puso en marcha un proceso que, bajo la conducción de un impresentable fiscal que luego se fugó del país y denunció los entresijos del caso, se convirtió en símbolo abominable de retardación de justicia, de irregularidades y de manejo político ominoso.

Como decenas de ciudadanos también implicados en el truculento montaje, Guedes y Mendoza no solo fueron encarcelados. 

Un sistema judicial corrompido y perverso que a discreción controlaba el régimen gobernante encabezado por Evo Morales, les impidió hacer uso de sus más elementales derechos. Hasta el momento, sin una sola prueba contundente, se desconoce cuáles son los actos ‘terroristas’ que se les imputan a los enjuiciados ni cuáles las acciones de un presunto propósito separatista en el que se habrían embarcado. 

No obstante, son incontables las arbitrariedades cometidas por jueces y fiscales contra los acusados de una trama que no podría resistir un análisis mínimamente serio e imparcial. Tiene, por el contrario, toda la apariencia de un burdo montaje político que a la opinión pública ha hecho desestimar cualquier vestigio de legalidad y seriedad en un proceso viciado por el abuso y el sometimiento al poder y con un muy visible deterioro de sus fundamentos básicos.

Bajo una nueva administración en el país, la liberación de Guedes y Mendoza debe acelerar hasta su conclusión y archivo definitivo, el caso caratulado como ‘terrorismo’ y ‘separatismo’ que desde su origen ha mostrado la injerencia de un omnímodo Poder Ejecutivo que empleó el amedrentamiento, la extorsión, el chantaje junto al manejo discrecional de la justicia, para perseguir con saña y atormentar hasta la perversión a decenas de compatriotas y a sus familias. Será, además, una buena señal de que la justicia boliviana ha empezado a enderezar el rumbo.