Más del 70% de los menores que van a Cenvicruz son por asaltos y violaciones

El Centro Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz) ha recibido, entre 2017 y lo que va de este año, 331 adolescentes detenidos por diferentes unidades de la Policía, que luego el Ministerio Público presentó ante los juzgados del menor que hay en el departamento, desde donde fueron enviados con detención preventiva o con sentencias para cumplir a los predios donde antes estaba la Granja de Espejos.

Más del 70% de estos menores, que se han visto involucrados en asaltos, atracos, violaciones o abusos sexuales, deben pasar algún tiempo en Cenvicruz por delitos que provocan temor en la sociedad y que los hacen ver como gente de alta peligrosidad para el resto de la población.

Esta imagen es la que se quiere cambiar en el centro que es parte del sistema penal juvenil restaurativo, donde los equipos de sicólogos y trabajadores sociales buscan educar a los infractores que, en muchos casos, son parte de bandas delictivas organizadas o de organizaciones irregulares como las pandillas.

Paúl Méndez, penalista con amplio conocimiento en criminología, señala que el problema de los menores infractores a la ley está estrechamente ligado al crecimiento de las pandillas.

“En los últimos cuatro años el número de pandillas ha crecido un 70%”, aseguró el profesional e inmediatamente agregó que a esta situación se suma el abandono en que están los menores, el consumo de sustancias controladas, la violencia con la que conviven y la pobreza en la que se desarrollan.

Méndez reflexionó sobre los menores involucrados en delitos sexuales y organizaciones delictivas, apuntando que en las pandillas viven sin ningún tipo de control, además de precisar que un elemento que provoca muchas de estas acciones es el alto consumo de droga, que generalmente se da entre los miembros de las pandillas.

Para la sicóloga Ruth Pareja, un elemento que se debe sumar al análisis de esta realidad social de Santa Cruz es la disfuncionalidad familiar en la que viven estos menores, situación que los expulsa a vivir en las calles, espacio donde se terminan involucrando en grupos delictivos.

“Estos adolescentes salen de sus hogares por un tema de maltrato dentro del hogar, por abusos en sus casas, consumo de alcohol y drogas por parte de los padres. Los menores dejan sus casas, primero por trabajo, pero luego se ven relacionados con gente que está involucrada en acciones delictivas”, explicó la sicóloga y añadió que los menores infractores comienzan a repetir los patrones de conducta de las personas con las que se encuentran a diario.

Falta de apoyo

Si bien el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Enrique Bruno, afirma que el modelo Cenvicruz es un ejemplo a escala nacional para abordar la problemática de los menores infractores basados en un sistema restaurativo, en el que se ha logrado el apoyo de otras instituciones, tanto Pareja como Méndez coinciden en señalar que la sociedad le da la espalda a esta problemática.

“Hay una indiferencia total de la sociedad, ellos están abandonados por la misma sociedad. Nadie habla ni hace nada por ellos. Hay un fracaso en las instituciones, no hay quienes de manera permanente hagan una acción efectiva por la gente en las calles. Necesitamos muchas instituciones, como ocurre en Perú, donde existen 40 organizaciones vinculadas en estos problemas”, comentó Méndez y agregó que existe un fracaso del Estado en cuanto a sus políticas de prevención.

Para la sicóloga Pareja, un problema que hay en Santa Cruz es que se bajan las manos antes de intentar alguna acción porque se cree que estos adolescentes no conseguirán recuperarse y salir adelante.

“No existen políticas de salud mental, son excesivamente pobres, vemos a uno en situación de calle y no hacemos nada; no debemos cerrar los ojos ante estas realidades. Todos los actores sociales estamos involucrados en esto. Como sociedad nos estamos equivocando, es mejor no mirar para no tener que sentirnos involucrados. Todos somos responsables del problema y también de la solución”, apuntó.