Los actos de violencia dejaron serios daños en la infraestructura del Tribunal Departamental Electoral. Familiares de los aprehendidos dicen que ellos fueron apresados injustamente

El Deber logo
12 de diciembre de 2018, 7:38 AM
12 de diciembre de 2018, 7:38 AM

Son seis los jóvenes que permanecen aprehendidos en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acusados de haber participado en los desmanes y posterior quema de oficinas del Tribunal Departamental Electoral (TED) que se dieron después de la marcha convocada en defensa del 21F por universitarios en Santa Cruz. Sus familiares dicen que ellos no tienen nada que ver y están a la espera de que se les permita verlos para poder conocer las condiciones en las que están.

El abogado defensor Roger Martínez informó a través de sus redes sociales, que se está a la espera de información pues pasadas las 8:00 de hoy no se tiene datos sobre la situación jurídica de estas personas para iniciar su posterior defensa.

Los aprehendidos son: Marco Barboza (17 años), Hernán Montero (22), David Arteaga 1(9), C. Robles Segovia (22), Róger Mauricio Banega (32) y Óscar Condori.

Graciela Oliveira, mamá de Hernán Montero Oliveira, asegura que su hijo trabaja en una empresa telefónica y que solo pasaba por el lugar por lo que fue detenido sin razón pues no participó de los hechos de violencia.

Mientras que Dalcy León, madre de David Arteaga León, reconoce que su hijo participó de la manifestación, pero que solo fue la marcha descartando de que haya sido uno de los vándalos que prendió fuego y apedreó el edificio del Tribunal. 

"Ellos no tienen nada que ver con lo que ha pasado, estaban en situaciones alejadas a lo que ha sucedido. Seguramente el Gobierno pretenderá responsabilizarlos a ellos de todo. Estemos atentos para que no usen a estos jóvenes para perseguir nuevamente a la gente que lucha por la democracia en este país", dijo Martínez.

Por su parte, Rolando Cuéllar, dirigente de juventudes del MAS, pidió identificar a los encapuchados que participaron de la protesta y que estos deben ser enviados a la cárcel, "se lo pediremos al ministro de Gobierno (Carlos Romero)" y también "la aprehensión del presidente cívico, de docentes de la universidad y dirigentes de la FUL".