Según la información a la que accedió EL DEBER, en todo el 2023 se puso en custodia de las autoridades vecinas a 16 ciudadanos.

29 de abril de 2024, 4:00 AM
29 de abril de 2024, 4:00 AM

En los primeros cuatro meses de este año la presencia en Bolivia de ciudadanos extranjeros vinculados con delitos del narcotráfico se ha incrementado, respecto al 2023, según una valoración preliminar del Ministerio de Gobierno.

Se trata de ciudadanos reclamados en sus países por delitos de narcotráfico, como sucedió en 2023 con Sebastián Marset, uno de los más buscados en la región, pero que logró burlar los controles del país y de otras naciones.

Según la información a la que accedió EL DEBER, en todo el 2023 se puso en custodia de las autoridades vecinas a 16 ciudadanos, una cifra muy próxima a las 14 personas ligadas al tráfico internacional de estupefacientes que “se puso en frontera” en los primeros cuatro meses del año

La tendencia, según explicaron las autoridades, es más alta respecto al 2023. Desde que Marset huyó, afines de julio del año pasado, los controles “son más efectivos”, comentaron desde la Policía.

Pero según el informe de este cuatrimestre, la mayoría de los delincuentes que fueron extraditados en 2023 son brasileños, pertenecientes bandas criminales como la del Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho. Figuraban en la Policía Federal de Brasil como cabecillas en el robo de vehículos e implicados directamente con casos de homicidios y ajuste de cuentas que tienen que ver “con el cobro de canonjías” por el tráfico de cocaína.

El resto de los expulsados son de nacionalidad argentina, mexicanos y peruanos. Entre los reconocidos extraditados estuvo Igor Oliveira de Campos (28), alias ‘Irak’, señalado como líder del PCC en Mato Grosso, Brasil.

La búsqueda para dar con el paradero de este sujeto fue delicada y de alto riesgo, porque, según la Policía Federal de Brasil, controlaba negocios ligados al narcotráfico y al tráfico de armas entre San Matías y Cáceres. Además, tenía bajo su mando a otros emisarios y sicarios brasileños.

Otro “peso pesado” extraditado fue Jesuilson Pereira Gómez, líder del PCC. Contaba con cinco mandamientos de aprehensión por secuestro, amenaza a autoridades políticas, corrupción de menores, entre otros. El hombre cumplía una detención preventiva en el penal de El Abra, Cochabamba, y su traslado hacia Santa Cruz para luego dirigirse al Brasil se dio bajo un fuerte resguardo policial.

Entre los 16 expulsados estuvo el ciudadano mexicano Héctor René Gueta Carrillo, que fue escoltado hacia la frontera con Perú donde era requerido por la justicia de ese país. Está acusado por los cargos de tráfico de drogas.

La mayoría de las personas que eran buscadas en sus respectivos países, hallaron en Bolivia, principalmente Santa Cruz, un sitio para poder, incluso hacer vida en sociedad. Eso mismo había sucedido con Marset.

La criminóloga Gabriela Reyes exteriorizó su temor por las tendencias que reflejan estas cifras. Consideró que, poco a poco, el país “se está convirtiendo en un santuario de narcotraficantes”. Consideró que el Gobierno, con la fuga de Marset, envió “un mensaje de impunidad” preocupante al crimen organizado internacional.

“El mensaje fue: Un narcotraficante con sello rojo de Interpol, por más que tenga otra identidad, puede vivir sin problema alguno aquí, llevando a sus hijos al colegio y comprando bienes a su nombre. Si no haya sido el aviso de Uruguay y la Policía de Paraguay y la posterior presión, la reacción en Bolivia no llegaba”, apostilló.

Reyes también indicó que para los delincuentes es más fácil radicar en el país, puesto que no se investiga cómo ingresaron, qué vínculos tenían con los ciudadanos. La pesquisa técnica, remarcó, se limita a enviar a estos sospechosos a la instancia judicial.

Desde el Gobierno y la Policía alegan que los controles siempre han existido, pero en muchos casos, los recursos de los narcotraficantes son mayores en las zonas rurales y las fronteras por donde ingresan a territorio nacional.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que en febrero hubo incluso fuego cruzado en un operativo de gran magnitud. En ese tiempo, Del Castillo informó que las fuerzas del orden capturaron a “una ballena del narcotráfico”, que fue reducido por grupos tácticos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) en San Rafael de Velasco.

En aquel operativo algunos delincuentes lograron darse a la fuga, pero cayó Lourival Máximo de Fonseca, quien era buscado desde la década de los años 90. También fue aprehendido y luego expulsado el ciudadano serbio Zarko Pilipovic, un peligroso elemento ligado con mafias internacionales.

Una de las más recientes expulsiones fue de Maicol Deyvi Liñán Arroyo. Era buscado en su país acusado por los delitos de dopaje, narcotráfico violación y homicidio. Sucedió en este abril. Del Castillo insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de intercambio de información “en tiempo real” con el resto de las fuerzas policiales antidroga.

“Lo que queremos crear es un organismo internacional, ya estamos conversando con varios países de la región para poder intercambiar información sobre organizaciones criminales. Este organismo nos va a permitir intercambiar información en tiempo real para que los operativos sean oportunos”, detalló la autoridad.

El ministro también solicitó un acuerdo con Europol, pero es un tema que aún sigue en trámite. “Hemos iniciado un diálogo entre Europol, la Unión Europea y el Estado boliviano para cumplir un acuerdo de intercambio de información”, dijo el embajador de la UE, Michael Dóczy, en una anterior entrevista con EL DEBER.