Observan que, en varios casos, los jueces o vocales que atendieron los amparos eran candidatos inhabilitados

1 de mayo de 2024, 8:09 AM
1 de mayo de 2024, 8:09 AM

La reunión que sostuvieron los integrantes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural acordó esperar las notificaciones judiciales de los nueve amparos constitucionales y la acción popular de Pando para que en conjunto puedan tomar decisiones.

El informe fue brindado por el diputado, Juan José Jauregui, quien explicó que, luego de escuchar los discursos incendiarios de los diputados y senadores de los partidos que integran estas dos instancias legislativas, se acordó que no pueden emitir un informe oficial, si no tienen los documentos legales de los vocales y jueces que atendieron las causas.

Los diputados opositores no ahorraron los epítetos para calificar el último fallo judicial de Pando. Los opositores no admiten la posibilidad de que el proceso de preselección sea paralizado por decisiones judiciales que están vinculadas al Gobierno.

Mientras la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón salió nuevamente a negar que los recursos judiciales hayan sido planteados desde el propio Ejecutivo. Dijo que el Gobierno es el primer interesado en que se realice las elecciones judiciales.

Sin embargo, en febrero de este año, cuando Arce promulgó la Ley 1549, dijo que al pueblo no le interesaba quién era el magistrado, desahuciando de ese modo una posible elección judicial. Según el ministro de Justicia, el interés del Gobierno en las elecciones son los 138 millones que destinaron al proceso eleccionario.

Hasta el momento no llegó ninguna de las resoluciones judiciales a la Cámara de Senadores o Diputados, usualmente el documento oficial tarda en llegar hasta 48 horas. Según Jauregui se reunirán una vez que lleguen todas las notificaciones, de tal modo que no se pronunciarán conforme vayan llegando estos documentos.

Fueron 10 amparos en total que notificaron a la Asamblea; de la decena de demandas solo uno fue favorable a la Asamblea, los otros nueve fueron favorables a los demandantes. 

En todos los casos existen observaciones a las decisiones judiciales, pues los jueces o vocales que atendieron los casos eran candidatos a magistrados inhabilitados. En otros eran candidatos que siguen en carrera y que pueden tomar acciones si no salen electos. 

Los legisladores analizan los vínculos de los fallos con las postulaciones.