El registro de la propiedad privada está disperso en 38 bases de datos, según Agetic

El registro de las propiedades inscritas en Derechos Reales está en 38 repositorios digitales o bases de datos que están dispersas en todo país, de acuerdo con un diagnóstico de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).

El relevamiento comenzó hace dos años en el contexto de un convenio que la agencia firmó con el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Justicia. Además, este acuerdo cobró notoriedad a raíz de la vigencia del Decreto 5143, aprobado hace un mes. La norma reglamenta una antigua ley que está vigente desde 1887.

“Tenemos 38 bases de bases de datos en toda Bolivia. Hay muchas vulnerabilidades que hemos encontrado en el sistema”, informó el director de la Agetic, Vladimir Terán. Este hallazgo es, según dijo, una debilidad que favorece la corrupción.

El decreto delega a la agencia, una entidad dependiente del Ministerio de la Presidencia, crear un solo sistema de datos en coordinación con entidades que son parte del Órgano Ejecutivo como la Agetic, Serecí y Segip, entre otros.

El presidente Luis Arce había anunciado el 8 de noviembre de 2023 una reforma en el sistema de registro de Derechos Reales, precisamente por la cantidad de irregularidades, según dijo, que allí se reportan, pero al final optó por un decreto y no por una ley.

Al momento, organizaciones sociales y políticas expresaron su desconfianza por la falta la “imposición de un decretazo” que no fue socializado con la sociedad civil. De acuerdo con un sondeo que hizo esta semana EL DEBER hay desconfianza por el control de los datos de la propiedad privada del país.

Acuerdos

Uno de los primeros pasos que dio el Gobierno para la anunciada “reforma” de Derechos Reales se dio a merced del acuerdo interinstitucional con el que Agetic realizó el diagnóstico donde están inscritas las bases de datos de las propiedades.

“El Consejo de la Magistratura en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de la Información y Comunicación-Agetic implementará el Sistema Único del Registro de Derechos Reales”, establece la tercera disposición transitoria de dicha norma.

Esa disposición ya se está ejecutando, de acuerdo con la explicación del director Torrez que indicó que el trabajo no es reciente. Tiene una antigüedad de hace más de dos años y el primer resultado fue verificar “la gran cantidad de bases de datos que tiene Derechos Reales”.

Terán puso como ejemplo que una propiedad puede estar registrada en varias bases de datos a nombre de una sola persona como propietaria, o la misma propiedad se puede registrar con un propietario en un departamento u otra persona puede figurar como propietaria en otra región.

“Lo que hemos propuesto es tener una base de datos consolidada”, dijo Terán.

Ante las crecientes dudas y susceptibilidad que hay en la población, el director de la Agetic aseguró que la entidad aseguró ellos no manejarán los datos de las personas que tengan una propiedad, ya que eso está a cargo del Consejo de la Magistratura.

“Hay que hacer notar que toda esa base de datos, el servidor y el sistema los maneja el Consejo de la Magistratura, la Agetic no tiene acceso a estos datos (…) Nosotros, para hacer un sistema, no necesitamos datos, necesitamos estructuras, formatos”, aseguró el funcionario.

Las herramientas

En este trabajo, la Agetic asegura que busca garantizar la seguridad del registro de Derechos Reales mediante un trabajo de interoperabilidad con otras entidades que manejan los datos personales de la ciudadanía.

La primera herramienta para verificar la propiedad de un bien inmueble y que éste tenga un solo registro en el nuevo sistema, será validar los datos con el Segip (Servicio General de Identificación Personal) y el Serecí (Servicio de Registro Cívico).

“A la primera interoperabilidad que vamos a hacer es preguntar si (el propietario) está vivo o muerto, porque hemos encontrado casos de personas muertas que han vendido sus bienes, eso pasa por una falta de validación. La interoperabilidad va a permitir que toda la información que se tenga en el registro de un bien sea validada”, explicó.

La segunda herramienta de interoperabilidad es de la ciudadanía que permite tres cosas: autenticar la identidad de la persona, es decir, la ciudadanía; crear la firma digital para legalizar los documentos mediante una firma digital y la “pasarela de pagos” para cuando se realicen los trámites y para que éstos sean digitales con pago usando el sistema QR, tarjetas de débito, crédito y otros.

Terán puso como ejemplo: “Con la ciudadanía puedo aprobar documentos y también me pueden notificar. A futuro lo que vamos a implementar es que a la persona que quiera consultar tu matrícula de propiedad, inmediatamente vamos a alertar (al propietario) que se está consultando. Si alguien quiere vender tu propiedad sin tu consentimiento, te vamos a informar que quieren vender esa propiedad. Para eso va a servir la ciudadanía”.

Según la Agetic con estas herramientas del “gobierno electrónico” lo que se pretende hacer es que el Registro de Derechos Reales tenga un sistema confiable, además que tendrá un sistema de seguridad especializado. “Estamos contratando especialistas en seguridad para que el sistema no tenga ningún tipo de vulnerabilidad. Estamos asegurando que ese sistema va a ser seguro”.

Todo este trabajo se realizó desde el18 de marzo de 2022, cuando se firmó un “Convenio de Cooperación Interinstitucional” entre el ministro de Justicia, Iván Lima, el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina y el director general de la Agetic, Vladimir Terán.

“Como Agetic queremos simplificar los trámites usando tecnología, en este campo que es tan importante. En Derechos Reales hemos visto la necesidad de hacer una reingeniería para brindar seguridad a la ciudadanía, mediante procesos con transparencia, agilidad y seguridad de la información”, decía Terán en la firma de ese convenio.

¿Qué es la Agetic?

La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación – Agetic, se creó mediante Decreto Supremo 2514, del 19 se septiembre de 2015 en el gobierno de Evo Morales.

Es una institución pública descentralizada de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, y patrimonio propio y está bajo la tuición del Ministerio de la Presidencia.