Si lo barato cuesta caro, lo gratuito cuesta más
El sistema universitario nacional atendía a 673.719 estudiantes en 2016, según el INE, el 80% en universidades públicas que desafortunadamente son gratuitas, ya que la gratuidad no es la política pública más acertada en este caso.
Todo gobierno debe priorizar sus recursos para beneficiar a la población más vulnerable. En cambio, quienes acceden a la educación superior no son, salvo excepciones, los más pobres. De hecho, en 2016, solo un privilegiado 26,9% de los bolivianos mayores de 19 años accedió a la universidad. Gran parte de los Bs 3.739 millones destinados a ese fin en esta gestión, terminarán desperdiciados, puesto que, según un informe del Banco Mundial (noviembre/18), Bolivia tiene la tasa de deserción universitaria más alta de Latinoamérica, un 48%.
Hay muchas razones, pero la falta de vocación y la insuficiente formación que reciben en la enseñanza media son las principales. La realidad boliviana se asemeja a la de otros países cuya educación universitaria pública es gratuita. Tienen mayor número de matriculados, pero al no invertir el alumno o su familia, el grado de compromiso es menor y la tasa de deserción mayor.
Como las universidades dependen del gobierno para su financiamiento, tienen problemas crónicos de falta de infraestructura y un bajo ratio de profesores por alumno. Dado que su sobrevivencia no depende del éxito profesional de sus estudiantes, las carreras que ofrecen no siempre se ajustan a las necesidades del mercado laboral. Por otro lado, al no tener que pagar su educación, los alumnos no buscan las carreras que la sociedad valora más con mejores salarios. Todo esto afecta a la calidad de la educación. Si comparamos la realidad de la educación superior pública gratuita de Francia con la de USA que no lo es, la tasa de deserción en el primero es del 50% y en el segundo solo el 30%.
La falta de infraestructura en Francia es tal que en algunos casos se permite a los alumnos no ir a clases presenciales; por tanto, no sorprende que el 68% de las diez mejores y el 40% de las cien primeras universidades estén en USA y además, son privadas en gran parte.
En nuestro país, cinco de las diez universidades más prestigiosas son privadas, compitiendo con universidades públicas con casi 200 años de existencia. Es esencial despojarse de sesgos ideológicos y reconocer dos hechos indiscutibles.
Primero, la educación universitaria es un bien privado y no público, puesto que los beneficios de ella los recibe directamente el alumno a través de mayores ingresos futuros. Aunque se argumente la externalidad positiva de ésta, los datos muestran que los países que más dinero destinan a financiar universidades como el europeo, tienen tasas de crecimiento menores que otros como EEUU y Chile, que tiene el nivel de desarrollo más alto de la región y cuyas universidades públicas cobran y se hallan entre las más prestigiosas y una tasa de deserción de las más bajas, 8%. Segundo, la gran mayoría de los universitarios no son los más pobres, quienes no logran acceder por falta de preparación y porque deben trabajar a tiempo completo.
Por lo tanto, urge una reforma al mecanismo de financiamiento de las universidades públicas, utilizando créditos universitarios. El actual sistema le está costando muy caro al país, ya que si lo barato cuesta caro, lo gratuito aún más.
