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13 de agosto de 2019, 4:00 AM
13 de agosto de 2019, 4:00 AM

En el año 2004, el politólogo Francis Fukuyama, publicó el libro La construcción del Estado, que define como la “creación de nuevas instituciones gubernamentales y el fortalecimiento de las ya existentes”. Desde su perspectiva, los Estados tienen diferentes funciones para hacer cosas buenas y malas, es decir, con su poder coactivo: defienden los derechos de propiedad y la seguridad pública, pero al mismo tiempo, pueden confiscar la propiedad privada y vulnerar los derechos de los ciudadanos. Y sobre todo, que la esencia de la estatalidad es la aplicación de las leyes.

Me interesa destacar dos elementos de la estatalidad que define el autor. El primero, que lo denomina alcance de las actividades estatales, que implica funciones y objetivos de los gobiernos; por ejemplo, el derecho de propiedad privada, la corrección de la educación imperfecta y generación de riqueza. El segundo, que denomina fuerza del poder del Estado, cual implica capacidad institucional para programar, elaborar políticas, además de administración eficaz con la mínima burocracia, control del soborno y la corrupción, y sobre todo, el cumplimiento de las leyes con rigor y transparencia.

Ahora bien, con base en la idea-eje de que la esencia de la estatalidad es la aplicación de leyes: ¿cómo se reflejan el alcance y fuerza del Estado Plurinacional en sus tres niveles de gobierno?

Desde el enfoque del alcance, luego de leer el discurso de Morales Ayma -del 6 de agosto en la ciudad de Trinidad-, pareciera que solo desde su gobierno se ha generado riqueza en Bolivia y que por tanto, el alcance de las actividades del Estado Plurinacional son un modelo a seguir; no obstante, la corrección de la educación imperfecta no ha sido óptima y han habido muchos casos en que no se ha respetado la propiedad privada como efecto de los avasallamientos. Desde el enfoque de la fuerza, el Estado plurinacional tuvo un aplazo rotundo cuando incumplió los resultados del 21-F, por otro lado, la corrupción es una mancha tóxica que tiende a crecer en todos los niveles de gobierno.

Por su parte, las gobernaciones y alcaldías tampoco son un dechado de alcance y fuerza de estatalidad. En el caso doméstico, por ejemplo, la gobernación no tiene la fuerza para controlar las quemas que hacen insufrible vivir bajo el cielo más puro de América entre agosto, septiembre y octubre; y la alcaldía es constantemente avasallada por la fuerza de gremiales y transportistas.

Estamos un ciclo preelectoral en Bolivia, cuando las promesas serán variopintas y ocurrentes para poder ganar y gobernar. En este contexto, más allá de las estrategias discursivas presentes y futuras de los candidatos oficialistas y opositores, tradicionales y nuevos, que en muchos casos nos suponen como tontos a los votantes, ¿nos dan la certidumbre de que en el 2025 por fin será superado el Estado aparente o fallido y de que la estatalidad de los tres niveles de gobierno tendrán mayor alcance y fuerza mediante la aplicación rigurosa y transparente de las leyes ya existentes sin necesidad de generar otras para seguir incumpliéndolas?

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