Lava Jato hizo también estragos en Bolivia. Cada vez son más contundentes las evidencias de sobornos a políticos bolivianos para el favorecimiento a las constructoras brasileñas Camargo Correa y Odebrecht, involucradas en escándalos de corrupción en al menos seis países de la región. Parecía extraño que nuestros políticos nacionales estuvieran a salvo de esta mafia organizada desde Brasil para adjudicarse millonarias obras públicas, sobre todo viales. La investigación de una comisión legislativa oficialista calcula en 5 millones de dólares las coimas y en al menos 43 millones de dólares el sobreprecio, solo en una carretera. Ayer se difundió el registro de una seguidilla de viajes a Bolivia de exejecutivos de las empresas involucrados en corrupción. Ocurrió durante los últimos seis gobiernos, que deberían ser investigados. El problema es qué entidad nos puede garantizar una pesquisa seria y despolitizada en plena etapa preelectoral.

El albañil que supuestamente tiró coca o agua a Evo y gritó “Bolivia dijo No” en Potosí fue imputado en menos de 12 horas. A dos ciudadanos de origen chino les dieron solo cuatro y tres años de cárcel, después de un dilatado juicio, por hacer un negocio con colmillos de jaguares. Un parlamentario del MAS arregló y se libró de un juicio penal por una acusación de golpizas a su expareja. Tres casos que nos muestran cómo se aplica la vara de la desprestigiada justicia.

Contra reloj, los opositores apuran alianzas. Al parecer, no habrá la demandada unidad en un solo bloque. Mesa, Cárdenas y Félix Patzi, entre otros, aparentemente competirán entre sí y dispersarán el voto de los contrarios al MAS.