Luis Carlos Díaz es un comunicador venezolano que fue aprehendido por el Gobierno de Maduro, quien le ha impuesto una serie de censuras a su labor

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14 de marzo de 2019, 23:07 PM
14 de marzo de 2019, 23:07 PM

Las 23 organizaciones que integran la red global Defendiendo y Promoviendo la Libertad de Expresión (IFEX-ALC), de la que forma parte la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) de Bolivia, exigen la libertad plena y rechazan la censura impuesta al comunicador y defensor de derechos humanos, Luis Carlos Díaz, por parte del Estado venezolano en represalia al ejercicio de su trabajo periodístico y de infoactivismo.

Díaz fue arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) la tarde del 11 de marzo. Desde las 5:30 de la tarde cuando salió de la sede de Unión Radio, donde trabaja, no se tuvo contacto con el comunicador. A las 10:00 de la noche, su esposa, la activista y comentadora política, Naky Soto, realizó la denuncia de desaparición.

Díaz fue trasladado esposado por el Sebin a su residencia a las 2:30 am. En el lugar, el órgano de seguridad practicó un allanamiento e informó que el periodista, supuestamente, habría cometido "delitos informáticos". Los funcionarios indicaron que Soto también se encontraba en la orden de aprehensión, pero que debido a su condición como paciente oncológico no iban a detenerla. Sin embargo, "si denunciaba, la vendrían a buscar".

En la noche del 12 de marzo, Díaz fue presentado ante el Tribunal 31 de control de Caracas, en donde se le imputó el delito de "instigación a delinquir" y fue excarcelado. Luis Carlos tendrá que presentarse ante las autoridades regularmente, deberá pedir autorización para salir del país y además, se le impuso la prohibición de hablar de su caso públicamente.

El pasado 8 de marzo, el comunicador fue calumniado en un video publicado en la cuenta de Twitter de "Con el mazo dando", programa conducido por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. El video señala a Díaz como parte de una conspiración que, supuestamente, sería responsable del daño a la represa del Guri, que originó la interrupción del suministro eléctrico en Venezuela durante varios días.

La persecución desde altas esferas del poder ejecutivo contra la disidencia política, la labor periodística o cualquier ciudadano por ejercer su libertad de expresión constituye un patrón sistemático en Venezuela, que somete a las víctimas a procesos viciados bajo el manto de la impunidad estatal. Esta política incluye desapariciones, malos tratos y restricciones severas a la vida privada y familiar de los involucrados/as y podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

El mismo día de la detención de Díaz, los Relatores Especiales para la libertad de expresión de la ONU y de la CIDH, manifestaron su profunda preocupación por la censura en Venezuela e hicieron un llamado a las autoridades venezolanas a liberar inmediatamente a los periodistas privados de su libertad y cesar las medidas de censura.

Ante la vulneración de los derechos fundamentales de Díaz, sometido a desaparición forzada, tratos crueles, y frente a las amenazas y hostigamiento hacia Naky Soto, las 23 organizaciones que integran la red IFEX-ALC exigen al Estado venezolano:

  • La libertad plena a Luis Carlos Díaz, así como la reparación debida por los daños ocasionados a él y su familia producto de la violación a sus derechos humanos.
  • El cese de la criminalización y descalificación por parte del Estado contra Luis Carlos Díaz, Naky Soto y otros periodistas, en represalia por ejercer su derecho humano a la libertad de expresión a través de la práctica periodística y la defensa de los derechos humanos.
  • El cese de la política de represión contra el periodismo libre y la libertad de expresión.