Resultados. En la exploración de hidrocarburos en La Paz, el ingenio San Buenaventura y Quipus, el Ejecutivo invirtió $us 853,7 millones, sin resultados favorables. Ven afán electoral en los emprendimientos

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28 de julio de 2019, 4:02 AM
28 de julio de 2019, 4:02 AM

Pese a no tener el éxito esperado, el Gobierno insiste en llevar adelante proyectos de los sectores hidrocarburífero, tecnológico y agroindustrial. En esta lista está la exploración en busca de petróleo y gas en el norte de La Paz, el desarrollo agroindustrial en esa misma zona: con la ampliación de una línea de crédito para el ingenio San Buenaventura y por último, los reiterados esfuerzos por mantener a flote a Quipus, la que tenía el plan de convertirse en una de las mejores empresas tecnológicas de América Latina. En estos tres proyectos el Gobierno ya ha invertido $us 853,7 millones, según cifras oficiales.

La insistencia por desarrollar estos proyectos, según economistas y expertos, consultados por EL DEBER, se debe a un solo factor: la cercanía de las elecciones generales. La mirada crítica de los consultados sostiene que, al correr la cuenta regresiva para la justa electoral, que se realizará el 30 de octubre, el Ejecutivo necesita mostrar que el país marcha por un buen rumbo económico. De su lado, desde el poder central rechazaron las aseveraciones.

Sueño paceño

Pese a los resultados negativos obtenidos con la perforación de Lliquimuni, en la que se invirtieron $us 530 millones, que incluyeron obras de acceso a la zona donde se ejecutó el proyecto, el Ejecutivo, sigue con la firme idea de transformar a La Paz en un departamento productor de hidrocarburos. De hecho, recientemente lanzó el proyecto Mayaya.

En esta nueva iniciativa, según la estatal YPFB, se destinarán $us 76 millones. El nuevo pozo está ubicado en la provincia Caranavi de La Paz, área de estudio del bloque Lliquimuni.

Con el proyecto, según el Ministerio de Hidrocarburos, se prevé encontrar un potencial de 15 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés) de gas natural y 5,9 billones de barriles de petróleo (BDP).

El especialista en hidrocarburos, Hugo del Granado, calificó de “una muy buena idea explorar en zonas no tradicionales”, pero observó la ligereza con la que se arrojan datos sobre la cantidad recursos que se pueden hallar en el proyecto.

En este contexto, aclaró que el objetivo del pozo no es exploratorio sino de investigación.

“Es un pozo estratigráfico, usado para investigar las estructuras de las rocas: no está destinado a descubrir hidrocarburos, sino, para determinar si hay la posibilidad de encontrar rocas madres, o reservorios”, explicó.

En esa línea, dijo que el pozo no volverá a La Paz en departamento productor. “Ahí convierten el tema exploratorio en político porque no es cierto lo que dicen”, afirmó.

Mediante un comunicado la estatal YPFB indicó que “todos los que conocen la industria hidrocarburífera saben que es una industria de largo plazo”.

“Los acuerdos y proyectos que se encaran tienen un horizonte temporal de al menos tres, cuatro o más años, como ocurre en cualquier parte del mundo, no existen visiones de corto plazo”, explicaron desde la compañía la estatal.

La firma dijo que en la exploración como en la posibilidad de acuerdos comerciales, YPFB tiene una hoja de ruta y una estrategia definidas “y que responden a criterios eminentemente técnicos como parte de su gestión empresarial”.

Por otro lado, en declaraciones a medios del Estado, el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Carlos Torrico, informó que el Gobierno, adicionalmente prepara una inversión de $us 450 millones en proyectos exploratorios en el norte de La Paz.

Quipus y San Buenaventura

Con una inversión de $us 61,7 millones, que provienen de un préstamo del Banco Central de Bolivia (BCB), la empresa estatal Quipus tenía como misión encabezar la liberación tecnológica del país.

La estatal comenzó a operar en 2013, pero a la fecha solo acumula pérdidas, asegura el economista Julio Linares. El especialista, citando datos oficiales, asegura que en los últimos cinco años la firma estatal acumuló pérdidas por Bs 38,6 millones ($us 5,5 millones).

A la cifra negativa, según Linares, se debe agregar que desde la gestión 2015, los estados financieros (balance general), muestran que la compañía tiene un patrimonio neto negativo; es decir, debe más de lo que posee.

“Su activo total (lo que tiene) es inferior a su pasivo exigible (lo que debe y le es exigible)”, aseguró Linares en el Boletín Mediaciones. En la publicación, el economista, sostiene que Quipus se encuentra en quiebra técnica desde hace varias gestiones y no puede superar esa situación.

“Para 2018, el balance muestra un patrimonio institucional negativo de Bs 41 millones”, aseguró.

Recientemente la empresa estatal anunció que ensamblará 6.180 televisores smart para Hyundai, que significarán un ingreso de $us 1,2 millones.

El especialista, asegura que el anuncio tiene mucho tinte político que busca mostrar que la empresa es exitosa -pese a que tiene números negativos en sus finanzas- y esperan subir en las encuestas. “Quieren salvar a una empresa (Quipus) herida de muerte con una aspirina, dicen que tendrán ingresos por Bs 12 millones cuando no pueden pagar sueldos”, dijo.

Se llamó a la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Nélida Sifuentes para que responda a las críticas, pero hasta el cierre de edición no contestó.

Pero el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, y parlamentario del partido de Gobierno, rechazó las críticas a los proyectos estatales. En defensa de Quipus, el diputado explicó que la empresa no tiene fin comercial si no social. Hizo notar, que los proyectos se realizan por un mandato constitucional, que otorga al Poder Ejecutivo un rol protagónico en el devenir económico del país.

“El Estado es el conductor de la economía. En eso se inscriben la línea de crédito para San Buenaventura, las plantas de cemento en Oruro y Potosí”, aseguró.

Para el parlamentario, bajo ninguna lógica se puede afirmar que los empresas o iniciativas estatales, son de carácter demagógico y que se llevan adelante en función al calendario electoral. “Las inversiones se vienen realizando desde que el presidente asumió por primera vez y seguirán cuando termine su gestión en 2020”, dijo.

Otro proyecto cuestionado es el del ingenio azucarero de San Buenaventura. Recientemente el Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó un crédito de Bs 34 millones para que esa industria construya una planta deshidratadora para la producción de alcohol anhidro en el norte de La Paz. El ingenio le costó al Estado $us 263 millones.

Al respecto, el economista Julio Alvarado, señaló que la operación no se justifica porque a la fecha la industria no logró operar a plenitud, porque está en una zona poca apta para el cultivo de caña. “El proyecto es únicamente electoral”, sostuvo.

Se envió preguntas al Ministerio de Economía, que fue la cartera que solicitó el crédito, y sostuvo que La Paz ingresará a la producción de biocombustibles con ese financiamiento. Pero no respondieron a las observaciones de los economistas.

El que sí respondió a las críticas fue Lino, al asegurar que las observaciones son hechas por gente ligada a anteriores gobiernos.

Para saber

Política del Estado

El economista Germán Molina señaló que más allá del tinte político con el que se usan los proyectos, hay que entender que todas las inversiones hechas por el Gobierno son parte del plan económico gubernamental, que se centra en que el Estado sea el principal actor de la economía. Pero alertó que esta política se centra en ampliación de deuda, tanto interna como externa.

Inversión pública

En base al PGE reformulado, la Inversión pública se incrementará de $us 6.510 millones programado para la presente gestión a $us 6.571 millones. Según el Ministerio de Economía, el 40% de la inversión pública se destinará al sector productivo, tanto al sector agropecuario, como a hidrocarburos, minería, energía, industria y turismo.

Acuerdo YPFB

Recientemente Yacimientos firmó varios acuerdos entre contratos e intenciones de negocio. Destacan la firma de convenio de intenciones para la venta de un total de 60.000 toneladas de urea a empresas paraguayas. Y un negocio concreto fue un contrato para la venta de 2,2 millones de metros cúbicos día (MMm3/d) a la empresa rusa Acron por 20 años a partir de 2023, para el funcionamiento del complejo de fertilizantes Tres Lagunas, que se constituiría en el tercer destino de exportación, después de Brasil y Argentina.