La Gestora de Pensiones se atrasa por tercera vez por falta de software

El Gobierno espera que en septiembre de 2021, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, se haga cargo de las pensiones de los jubilados, que ahora están en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El problema radica en la falta de software porque la empresa Sysde Internacional Inc. que debía migrar los datos y hacer frente a la adaptación normativa, no cumplió con el requerimiento después de dos años de trabajo. No se descartan sanciones.

“El software que tenía que desarrollar Sysde, debía efectuar 890 adecuaciones normativas; es decir, que cada vez que salen regulaciones sobre pensiones, el sistema tenía que adaptarse paulatinamente a esas nuevas modificaciones normativas. La empresa solo presentó 75; es decir, el 8%. Es el mayor de los problemas que tenemos con esta empresa. Contrariamente, la migración de datos ya ha alcanzando a más del 90%. Estamos hablando de 2,2 millones de asegurados y que representan 925 millones de registros. Eso es lo que ya se tiene en la Gestora”, explicó ayer el ministro de Economía, Luis Arce.

La autoridad reconoció que la Gestora se creó en 2015 y debía estar lista para atender al público en junio de 2016, pero que se postergó por 15 meses, y en 2017 tampoco se pudo iniciar por lo cual se dio un nuevo plazo de 18 meses que se cumplió este mes.

El domingo, un tuit del senador Óscar Ortiz, alertaba sobre la falta de software y el nuevo plazo de 30 meses para que inicie operaciones la Gestora acordado el sábado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB). Sin embargo, al ser consultados desde el Ministerio de Economía indicaron que desconocían la fuente y no quisieron brindar más información al respecto.

En tanto que ayer, el ministro Arce presentó un informe de forma pública, junto a la dirigencia de la COB, y dijo que “está en evaluación” una posible sanción a la empresa y “si es que ésta no nos da respuesta satisfactoria, tomaremos las medidas que sean necesarias”.

Pese a ello, evitó manifestar cuántos recursos ha gastado el Estado, desde que Sysde se hizo cargo del software que debía funcionar desde este mes, pero que aún no está listo. Al momento de adjudicar el servicio, el Gobierno firmó un acuerdo con la compañía panameña por más de $us 5,1 millones (contrato administrativo No 002/2017 del 13 de febrero de 2017).

No obstante, Arce criticó el mal manejo de las AFP en el rendimiento de las pensiones en tiempos neoliberales, ya que mucha de la información no se sistematizó, los gobiernos de ese entonces obligaban a las AFP a comprar bonos del Tesoro parafinanciar el déficit y que ahora, después de nueve años de haberse aprobado la Ley de Pensiones (065), se intenta mejorar.

Según la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), el monto total de los fondos del Sistema Integrado de Pensiones (SIP), es de $us 17.209 millones al 30 de noviembre de 2018.

La ampliación no convence a los pensionados. El secretario ejecutivo de la Confederación de Jubilados en el Sistema Integral de Pensiones, Mario Delgado, calificó de “nueva farsa” del Gobierno el nuevo plazo para el inicio de operaciones de la Gestora Pública. “Para nosotros esto significa que esta instancia con las AFP va a tener que continuar en piloto automático, que determina que nuestros aportes y sus rendimientos sigan decreciendo (...), este es un engaño, es una nueva farsa”, apuntó a ANF.

Falta de transparencia

Al respecto, el experto en pensiones, David Villarreal, consideró que las autoridades de Gobierno no están siendo muy transparentes al momento de informar sobre el tema de la Gestora Pública.

“El ministro Arce ha minimizado muchas cosas. Pero él mismo acepta que la empresa a la que ha contratado para que haga el software, ha ido incumpliendo los plazos. Si le están dando 30 meses más es porque el problema es bastante complicado. Hay que ver las condiciones en que se firmó el contrato y las responsabilidades. Lo que me llama la atención, es que el ministro no ha sabido decir la cifra del contrato. Eso debería ser de forma transparente y toda la gente debería conocerlo”, declaró.

Decreto de ampliación

Con todos los incumplimientos, el gabinete ministerial, a través del Decreto Supremo 3837, amplió el plazo para el funcionamiento de la Gestora. Hasta la fecha, la Gestora se hizo cargo de la administración y pago del beneficio de la Renta Dignidad desde enero de 2018, poniendo en funcionamiento 31 oficinas.

Mejorar el rendimiento

El Gobierno y dirigentes de la COB, acordaron reunirse “por tiempo y materia”, para considerar ajustes a las normativas y mejorar el rendimiento de los aportes. “Vamos a ver los números que nos presentarán, producto de la fiscalización” declaró el dirigente de la COB, Gustavo Arce.

EL DEBER intentó contar con la versión de las AFP, pero no fue posible hasta el cierre.