Cooperativa San Gabriel pierde dos edificios por deudas al Estado
Uno de los predios fue rematado por un proceso que inició el Fondesif, y otro fue tomado como parte de pago por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
Desesperados y abandonados. Ese es el estado de los más de 400 socios de la extinta cooperativa San Gabriel, que a cuatro años de la quiebra de la financiera, perdieron dos inmuebles que fueron rematados y revertidos por compromisos no cumplidos con dos entidades del Estado. Solo recuperaron un 5% de sus ahorros.
El primer remate se realizó el 21 de diciembre de 2015, por una demanda judicial que inició el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (Fondesif) que prestó $us 450.000 a la cooperativa. El préstamo entró en mora en 2010, al año siguiente la entidad estatal inició una acción legal y llevó al remate de un inmueble en donde operaba la entidad financiera.
Fabricio Castro, director del Fondesif, explicó que por el remate se obtuvieron los $us 450.000 del capital entregado a la cooperativa, además, de un interés de $us 236.000 con lo que la deuda quedó completamente saldada.
“El Estado otorgó un crédito a la cooperativa para que pueda fondearse. El pago debió terminar en 2014, pero entraron en mora”, explicó Castro.
El segundo predio fue revertido a favor del Estado luego de un proceso civil que llevó a cabo el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a la financiera que administró parte del fideicomiso denominado Proyecto Tierras y Desarrollo Agrario, con el que se buscaba que personas puedan acceder a la compra de predios con vocación productiva.
Marlene Aguilar, directora general de Asuntos Jurídicos de ese ministerio, informó que luego de realizar más 18 llamados a remates en tercera instancia, la entidad pública decidió tomar posesión del inmueble para cubrir la deuda, pasando a ser un bien estatal.
La funcionaria aseguró que el edificio será ocupado como dependencias del ministerio que actualmente tiene oficinas alquiladas. Agregó que aún resta un saldo a favor, por determinar en el proceso contra la exfinanciera que sigue vigente.
Según los socios de la cooperativa, el inmueble está cotizado en cerca de $us 350.000.
Resignación e impotencia
Jorge Gonzales, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa San Gabriel, que ahora se encuentra en proceso de disolución, explicó que a la financiera solo le queda un edificio, que paradójicamente está al lado de los dos inmuebles perdidos, que se ha convertido en una especie de depósito.
“Estamos resignados, se han llevado la plata, se han perdido inmuebles por remates, por las deudas que tenía esta cooperativa con algunas instituciones”, dijo.
Gonzales informó que hasta la fecha los más de 400 socios solo han podido recuperar un 5% de los ahorros que tenían en la financiera que entró en un proceso de liquidación voluntaria en 2015.
De acuerdo, a la comisión liquidadora, existe un hueco financiero de $us 13 millones.
Los malos manejos de la entidad datan desde 2009, según consta en un informe realizado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) al que accedió EL DEBER.
El informe del ente regulador hace responsables del mal manejo de la cooperativa a su exgerente general, Mariano Ovidio Toledo Barba, al expresidente del Consejo de Administración Mario Antonio Zambrano y Gladys Sánchez, exgerenta de operaciones.
“Ellos fueron declarados prófugos, y hasta ahora no los detienen queremos que se haga justicia”, reclamó Gonzales.
El mismo informe oficial detalla que incluso los ejecutivos facilitaron colocaciones sin ningún tipo de respaldo a una empresa de transporte público que cubre rutas interdepartamentales.
Por la quiebra de esta institución se procesaron a más de 30 personas, agregó Gonzales, pero a la fecha no existe ninguna persona detenida.
“Queremos que se los detenga, incluso hay información de que el exgerente importó 100 vehículos con recursos de la cooperativa”, aseguró el afectado.
Se envió un cuestionario a la ASFI sobre el tema, pero hasta al cierre de edición no contesto.
Otros socios que prefirieron no ser citados lamentaron que hasta la fecha la justicia no haya podido detener a ningún responsable del millonario desfalco. Se llamó al fiscal del caso, Roberto Ruiz, pero no pudo ser ubicado.
