Veinte de los sesenta casos se produjeron en La Paz, 14 en Cochabamba y ocho en Santa Cruz

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19 de junio de 2019, 19:00 PM
19 de junio de 2019, 19:00 PM

Las señales de que la violencia machista no cede en Bolivia son los 60 feminicidios que ha reportado la Fiscalía del país en este primer semestre, cifra similar al mismo periodo del año pasado, y que ha hecho que las autoridades hablen de convocar a un "encuentro nacional" para abordar la problemática.

Consultada este miércoles sobre esta estadística, la representante de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, dijo a Efe que lastimosamente "no se ha logrado revertir" la tendencia ascendente de violencia de alrededor un centenar de asesinatos a mujeres en los últimos años.

Novillo consideró que no se han llevado adelante las tareas de prevención que debían realizarse desde la aprobación en 2013 de una ley que protege a las mujeres contra todo tipo de violencia.

Una veintena de los sesenta casos se produjeron en La Paz, catorce en Cochabamba y ocho en Santa Cruz, que son los departamentos que presentan el registro mayor, que muestran que "no se ha mejorado esta situación", señaló un comunicado de la Fiscalía del martes. En tanto que en otros departamentos de Bolivia las cifras son menores.

Ante estos datos, el fiscal General de Bolivia, Juan Lanchipa, ha manifestado esta semana su preocupación por los casos de "violencia extrema" y mencionó que ocupan la "mayor carga" de procesos que tiene la Fiscalía.

Los sesenta casos del primer semestre de este año difieren muy poco del mismo periodo del anterior en el que se reportaron 61 y que ahora han empujado a que se hable de llevar un encuentro nacional para prevenir este tipo de sucesos, según los datos de la Fiscalía.

El lunes, la Defensoría del Pueblo boliviana lanzó una estrategia de prevención de violencia destinada a llegar a 175 municipios marginales del país en los que se han registrado sucesos violentos contra mujeres, adolescentes y niños.

Para la Coordinadora de Mujer y para la Defensoría algunos de los aspectos débiles están en las tareas de implementación o fiscalización de políticas destinadas a la protección de mujeres, por lo que han pedido por separado mayor compromiso de las autoridades regionales de gobernaciones y municipios.

Bolivia cuenta desde 2013 con una ley que protege a las mujeres de todo tipo de violencia y que castiga el feminicidio con treinta años de prisión.

La norma obliga que los gobiernos regionales canalicen dinero para la construcción de centros de acogida, actividades de prevención y políticas específicas para enfrentar esa lacra.

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