Los niños no deben perder a su familia: el otro gran desafío de la justicia boliviana
No solo acabar con la corrupción, la justicia tiene también el reto de ayudar a miles de niños. Una propuesta de alto nivel apunta a dar una mejor solución a la problemática del abandono
Cuando Marcela (nombre ficticio) fue incapaz de cuidar a sus cuatro hijos, por los graves problemas psiquiátricos que sufría, el juez se vio sin alternativa: los pequeños debían ir a un hogar de acogida. Como los espacios suelen no ser los suficientes se los repartió en tres lugares distintos entre Montero y Santa Cruz. Los menores de la noche a la mañana no solo habían perdido a su madre, también a sus hermanitos. A pesar que los niños tenían padre, no se contempló la posibilidad de obligarlo a asumir su responsabilidad y mantener a los niños unidos. La desintegración fue la salida.
Este es un panorama que se repite con frecuencia, los niños que quedan desamparados de la noche a la mañana ven como su vida da un cambio que será determinante en su futuro: alejarlos de su familia. En otro caso, una niña fue llevada de la cárcel de Palmasola, donde su madre está presa, a un hogar de acogida sin que se opte por entregársela al abuelo. La juez de Familia no había recibido la información necesaria de parte de la Defensoría de la Niñez sobre la existencia de un pariente cercano y la “institucionalizó”, que es el término técnico que se usa cuando un menor de edad es trasladado a un hogar de acogida mientras se soluciona su situación.
Datos recogidos por una investigación de Aldeas Infantiles SOS y la Universidad Católica de Bolivia señalan que de los 30.000 niños que están en hogares de acogida en el país un 50% tiene familia extendida o posibilidades de crianza en un lugar donde estarían mejor atendidos que los centros de acogida, entidades que son las víctimas favoritas de los recortes presupuestarios estatales.
¿La solución?
Un reciente encuentro interinstitucional, promovido por Aldeas Infantiles SOS y el Servicio Departamental de Gestión Social de Chuquisaca (Sedeges) puso a la justicia frente al espejo y la obligó a reflexionar sobre este delicado problema. La respuesta fue positiva, jueces de Familia de tres departamentos, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, analizaron el tema e hicieron el diagnóstico sobre la situación de casos como el de los cuatro hermanos separados en tres hogares distintos.
Sonia Elena Barrón, vocal de la Sala de Familia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, señala que uno de los principales problemas que se detectaron es la no institucionalización de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia. “Pasa por ejemplo que acogen a un niño, pasan las 24 horas y sin efectivizar la investigación previa y averiguar sobre la comunidad, familia, se los acoge. Además, hay cambios continuos en el personal, lo que impide hacer el seguimiento”.
En el ámbito judicial se detectó que la falta de juzgados también es un problema, se suma a ello que existe poca especialización en los funcionarios que están a cargo de esta área. El Consejo de la Magistratura ha tomado apunte de este tema, Rodolfo Flores, director de Políticas de Gestión de esta entidad, señala que mejorar la atención a la población vulnerable es uno de sus objetivos. “No hay un solo lugar en Bolivia donde no exista cobertura judicial y no se ampare derechos de la niñez. Además, se ha tomado una decisión muy importante: reducir los gastos administrativos, ítems administrativos y traducirlos en más juzgados”, señala.
Las conclusiones de este encuentro fueron presentadas este miércoles en la ciudad de Sucre, bajo la premisa que sea la ciudad donde nació Bolivia, el lugar donde se plante la semilla para terminar con uno de los mayores problemas que tiene el país: un millón de niños en riesgo de perder el hogar.
El Ministerio de Justicia no participó de esta iniciativa, a pesar que fue invitado desde el principio nunca asistió, según informaron fuentes de la organización.
El Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura aceptaron el reto y se comprometieron públicamente a tomar en cuenta la propuesta presentada y convertirla en un hecho en base a acciones concretas, como la creación de más juzgados y la capacitación de personal.
“Prevención”, la palabra clave
Tres juezas que participaron en el encuentro coinciden en que más allá de la solución judicial, que debería ser la alternativa extrema, se debe trabajar desde el Estado en programas de prevención: sin una familia que no esté dividida no habrá necesidad de ir a un juzgado para decidir el futuro de los niños.
“Se necesita más presupuesto para que instituciones como las Defensorías den apoyo a las familias y se prevenga el abandono”, señala la vocal Sonia Barrón del TDJ de Chuquisaca.
Buscar una solución es urgente, como asegura Shirley Becerra, que es juez de Familia en Santa Cruz. “Los casos (de abandono) han aumentado, solo en un mes tres niños fueron abandonados. Hay que ver cuáles son las causas de que las madres abandonen a sus niños”, señala.
“Todo se resume en prevención. En todas las instancias hace falta aumentar presupuesto para prevención”, agrega Becerra.
En Cochabamba hay una experiencia positiva, desde hace cuatro años existe una mesa interinstitucional que ha trabajado en mejorar los aspectos relacionados a la niñez y ha logrado incluso la creación de un protocolo de ejecución en diversos casos.
Claudia Galarza, jueza de la Niñez y Adolescencia en Cochabamba, comenta la importancia de que sean varios los protagonistas de la sociedad que estén comprometidos con este tema, algo que está funcionando en su departamento. “Se construyeron varios instrumentos y se crearon rutas en los que cada actor que señala como debe actuar y el objetivo sea que el menor no sea alejado de su familia a menos que no exista otra alternativa”, afirma.
El director nacional de Aldeas Infantiles SOS, Adolfo Lupo, coincide con las administradoras de justicia. “Se tiene que explorar opciones para que la última opción sea la de disgregar a la familia, y si se llega a una institución de acogida el objetivo final debe ser la reintegración familiar”, dijo durante el evento.
Lo que dice el informe
El documento presentado en Sucre señala que en cuanto a los servicios de prevención existen dificultades de tipo reglamentario: no existen programas de prevención ni presupuesto para ellos; de tipo procesal: por la tardanza en la elaboración del Plan Plurinacional de la Niñez y Adolescencia; de tipo legal: el rol preventivo del Estado no se cumple, hay vacíos de norma e interpretación; y hay saturación de tareas; de tipo técnico: se dan respuestas estandarizadas únicas, no se profundiza en los casos y hay una imagen punitiva de los servicios de prevención.
Como soluciones se plantean, a nivel reglamentario: mejorar la infraestructura, capacitación del personal, implementación de políticas; a nivel procesal: la concentración de esfuerzos, contar con personal especializado, considerar los casos de acogimiento como excepcionales; a nivel legal: la creación de protocolos, reglamentos y asignaciones presupuestarias; a nivel técnico: promover respuestas innovadoras, investigaciones a profundidad, generar un sistema único de registro y monitoreo, mayor inversión pública y equipos interdisciplinarios.
