POLÍTICA

Hay apoyo a propuesta de suspensión por imputación


Oficialistas respaldan la modificación al reglamento de la Cámara Baja. Opositores recuerdan que también hay masistas procesados


Víctor Borda, presidente de Diputados, pedirá que asambleístas imputados formalmente sean suspendidos. Foto: ABI
Escuchar el artículo   Publicidad Pausar Lectura

11/06/2019

Con algunas observaciones, la propuesta presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), de modificar el reglamento ético para suspender a diputados con imputación formal, tiene un eco favorable en oficialistas y opositores en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Borda dijo que “se está trabajando un reglamento mucho más drástico” para que un diputado con imputación formal sea ‘licenciado’ de sus funciones y se defienda sin privilegios. La declaración se dio en el contexto del proceso en contra del diputado

Amílcar Barral, con detención domiciliaria por supuesta extorsión. Para Wilson Santamaría, de UD, la propuesta es ‘cosa juzgada’; ya que se trató de incluir una figura similar en la Ley Marco de Autonomías, pero fue rechazada por una sentencia Constitucional. Pese a esto, los opositores están dispuestos a discutirla, ‘si la ley es pareja’, ya que así como Barral, dijo que también hay asambleístas del MAS en similar situación. “Los senadores (Sergio) Choque y (Felipa) Merino, del MAS, están imputados por el Fondo Indígena. Veremos si sus colegas apoyan la medida”, señaló Santamaría.



Al respecto, Édgar Montaño, diputado del MAS, dijo que “ven con buenos ojos” esta idea, y dijo que no es lo mismo que se establezca la suspensión por imputación, y no denuncia, porque esta última puede ser inventada, pero la imputación demuestra indicios. Montaño admite que hay asambleístas del MAS que también tienen procesos, sin embargo, dijo que esto no mermará el apoyo de oficialista a Borda en Diputados.

Para Arturo Murillo, senador opositor, la iniciativa “es otra vulneración a la Constitución”, que transgrede la presunción de inocencia. “Pero sí debería regir para los funcionarios públicos”, añadió.



 




En esta nota