Gobierno expulsa a venezolanos, opositores ven problema político
Seis de 14 extranjeros fueron puestos en la frontera por protestar el viernes al frente de la embajada de Cuba en La Paz. Para la oposición, se violan los derechos humanos
El domingo (17) el Gobierno instruyó la expulsión de seis de 14 ciudadanos venezolanos, acusados de permanecer en situación migratoria irregular en el país, por involucrarse en acciones conspirativas y por participar en actividades políticas a cambio de dinero. Así lo informó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Los venezolanos protestaron el viernes (15) al frente de la embajada de Cuba en Bolivia en contra del régimen de Nicolás Maduro y para exigir el cese de la presunta injerencia cubana en las decisiones del Gobierno de Caracas.
“En este caso personas que ingresan ilegalmente hostigan y atacan la embajada de Cuba conspirando políticamente, luego admiten que recibieron dinero por esta acción y cuando se les pregunta quien ha pagado, acusan a periodistas de un medio de comunicación, luego dicen que fue un político, pero ratifican haber sido remunerados para participar en actividades políticas”, dijo Romero.
La Policía, en un operativo conjunto con Migración, intervino la Casa del Migrante de la Pastoral de Movilidad Humana en La Paz, donde los venezolanos se encontraban albergados. Los líderes de la movilización fueron identificados a través de fotografías tomadas el día de las protestas y resultaron aprehendidos. Seis de los 14 extranjeros fueron expulsados porque se determinó que sus documentos no contaban con el sello de salida de su país ni de ingreso a Bolivia. Los otros ocho están tramitando refugio político y permanecerán en territorio nacional hasta que se defina su situación, afirmó un funcionario del Gobierno, que prefirió mantener su identidad bajo reserva.
La versión oficial fue reprochada por el diputado Luis Felipe Dorado (UD) y por el abogado José Luis Santistevan. En criterio del legislador, el ministro violó los derechos humanos de los venezolanos al expulsarlos del país. “Si estas personas se encontraban de forma ilegal, la responsabilidad es del Gobierno”, disparó Dorado.
Para Santistevan, el Gobierno atenta contra la vida de estas personas porque los expone a regresar a un país que presenta escasez de alimentos, falta de medicinas y está con problemas de servicios básicos. “Se actuó más por afinidad política que por proteger al ser humano”, dijo.
En ese aspecto coincide Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana. Según él, la expulsión obedece a una acción política.
