No existe un pronunciamiento oficial del Gobierno al respecto. Se trata de dos personeros de la administración de Rafael Correa que fueron sometidos a procesos judiciales

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1 de febrero de 2019, 11:29 AM
1 de febrero de 2019, 11:29 AM

Son requeridos por la justicia. El exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa y la exasambleísta Sofía Espín de Ecuador se encontrarían en Bolivia en busca de asilo, según informó en las últimas horas la ministra del Interior, María Paula Romo.

Durante un informe que brindó la autoridad del Gobierno de Lenín Moreno ante la Asamblea Nacional, en la Comisión de Relaciones Internacionales, realizó la revelación, asegurando que existen datos que comprueban su presencia en territorio nacional.

"Les puedo confirmar que tenemos información que ambos se encuentran en este momento en Bolivia y que realizan gestiones para pedir asilo. Nosotros seguiremos los trámites que corresponden", señaló la autoridad.

Declaraciones de la autoridad ecuatoriana:

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo a EL DEBER que desconocía sobre la versión que surgió en Ecuador; en todo caso, agregó el funcionario de Estado, si existe una petición de asilo debe estar en trámite en la Cancillería.

Los dos exfuncionarios son requeridos por la justicia, porque existen procesos judiciales en su contra. La exlegisladora Espín es investigada por el delito de “oferta de realizar tráfico de influencias”. El pasado 24 de septiembre, junto con una abogada visitaron en la cárcel a la exagente Diana Falcón quien es testigo y también indagada como autora del secuestro del exlegislador Fernando Balda, ocurrido en Colombia en el 2012. En este caso también está procesado el expresidente Rafael Correa.

Ochoa es procesado por supuesta falsificación de la Ley de Comunicación para sancionar a medios de comunicación. En su gestión, la Supercom imprimió 300 000 textos de bolsillo de la Ley, en los que se observa la corrección del segundo inciso de la transitoria sexta de la norma, con la cual se emitieron resoluciones en contra de 11 medios de comunicación.

La ministra Romo dijo también que se realizan "los trámites que corresponden para comunicarle al Estado de Bolivia que en ambos casos son personas requeridas por la justicia".